Opinión
La Jornada Maya
06/08/2024 | Mérida, Yucatán
Los números son fríos, más cuando se trata de mediciones sobre muertes y violencia. Detrás de porcentajes y cifras hay vidas perdidas, familias trastocadas, daños que van más allá de las historias individuales.
Este martes, l
a secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reveló que 15 municipios del país concentran entre 40 y 50 por ciento de la violencia feminicida y de género. Algunas de las localidades que mencionó son viejas conocidas, como Ciudad Juárez, en Chihuahua, que desde la década de 1990 figura como una urbe donde las mujeres corren peligro por el solo hecho de serlo. Otras, llevan varios años siendo escenario de historias de corrupción, como la alcaldía Gustavo A. Madero, o acumulan varios problemas sociales cuya resolución no ha querido atenderse porque requiere un planteamiento complejo y transversal, o donde las autoridades han preferido mantener una imagen de ciudades prósperas e industrializadas, aunque difícilmente pueda decirse que tienen calidad de vida.
No deja de ser relevante que precisamente una mujer esté a cargo de la seguridad en el país y que durante su encargo se haya registrado una reducción del 36.5 por ciento en la incidencia de feminicidios, en comparación con diciembre de 2018. El logro no es menor, pero palidece cuando sabemos que estamos hablando de vidas de mujeres que eran el sostén de una familia, estudiantes destacadas, artistas, investigadoras; en fin, personas que dejaron trunco algún aspecto de su desarrollo personal y que éste involucraba a más gente.
Una reducción en la incidencia de los índices de violencia contra mujeres y niñas es importante, al igual que en feminicidios. Pero lo que menos se puede hacer es festejar esta baja. Al contrario, como indicó la funcionaria, se reconocen los avances, pero todavía hay mucho camino por recorrer.
El cambio de administración es momento para hacer un análisis de lo que ha funcionado, aquello que no, y revisar las estrategias seguidas. Ahora se nos ha hecho saber que la SSPC ha optado por dar mayor impulso a su estrategia en las colonias donde hay delitos relacionados con violencia contra mujeres y niñas, sean feminicidios, homicidios, lesiones a mujeres, violaciones y violencia familiar. Esto es una atención focalizada, porque la incidencia resulta desigual en cada municipio.
Pero también es oportunidad para revisar los índices que reflejarían cuáles son los municipios en riesgo de caer en esa descomposición social que conduce a sociedades violentas. La atención a los feminicidios y la violencia de género es parte de un problema que debe involucrar a todos y no quedarse en talleres y cursos para docentes, tutores, policías y demás servidores públicos y población en general, por lo que podría considerarse la ampliación de las campañas de prevención hacia las empresas y otros espacios.
Otro punto pasa por la capacitación y el fortalecimiento de las fiscalías, especialmente en las áreas de atención e investigación. De poco servirá que los estados homologuen el tipo penal de feminicidio si desde las áreas que deben perseguirlo se tiene una preparación deficiente y las carpetas de investigación jamás se cierran para presentarlas ante un juzgado.
La tarea de promover un cambio de paradigma cultural, hacia uno en el cual se fomente la convivencia pacífica, sigue siendo una labor titánica, pero ninguna nación debiera renunciar a ella si de verdad tiene como objetivo mantener su viabilidad. Queda mucho por hacer para que dejemos de hablar de feminicidio y violencia de género, pero eso no debe ser motivo para el desaliento. Al contrario, hoy los logros son visibles, medibles, y podemos reconocer que existen logros, aunque debamos continuar en la brega.
Edición: Fernando Sierra
