Opinión
Francisco J. Rosado May
12/08/2024 | Mérida, Yucatán
El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la ONU en 1994. La ocasión permitió recordar algunos datos. El censo reciente de Inegi señala que 23.2 millones de personas en México se identifican como indígenas, lo cual es casi 20 por ciento de la población total, en la que se reconocen 68 etnias, como se decía anteriormente; hoy se conocen como pueblos. Quintana Roo ocupa el cuarto lugar, representando alrededor del 45 por ciento de la población total.
La ocasión, como pasó con el 177 aniversario de la Guerra de Castas, fue motivo para ríos de tinta y bytes, impresos y digitales, noticias, fotos, videos y anuncios. Por ejemplo, se retomó el tema de la Iniciativa de Reforma Constitucional Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuya discusión y consultas iniciaron en 2019 y aún no se ha materializado.
Esta reforma ofrece un cambio cualitativo a la actual ley, ya que tiene como premisa reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Nada menor, pero con varias aristas que necesitan atenderse para que no sea una reforma de papel. Los pueblos indígenas prácticamente no tienen el apoyo suficiente, ni financiero ni normativo, cuando se trata de enfrentar políticas extractivistas o proyectos que pueden amenazar su forma de vida, identidad y relación con su entorno. Se sugiere leer el artículo de Gasparello, publicado en la revista LiminaR, 2020, vol. 18 núm. 2.
Otro anuncio con motivo de la conmemoración se hizo en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto 2024, donde se publicó el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. De ambos temas no hay algo que en realidad sea diferente, que sea un punto de inflexión a las condiciones actuales e históricas de los pueblos indígenas en México.
Va un tema complementario, a menudo soslayado, en el que se demuestra que una cosa es los buenos deseos de los instrumentos legales y otra cosa es su implementación cuando no se cuenta ni con personas bien preparadas en diferentes niveles de la administración, ni se cuenta con un sistema anticorrupción que castigue las malas prácticas.
Hace algunos años unos investigadores extranjeros encontraron en la zona mije de Oaxaca una variedad de maíz, Oloton, con propiedades de fijación de nitrógeno libre en sus raíces adventicias a través de microorganismos protegidos por un mucílago. Los investigadores supuestamente siguieron los pasos establecidos en el Protocolo de Nagoya, mostraron documentos de autorización por parte de la autoridad ejidal local y de la oficina del gobierno federal.
Obviamente ante un descubrimiento de esta naturaleza se abrió un enorme potencial de aplicaciones; con la tecnología actual se pudiesen crear bacterias con el mismo gen de las que viven en las raíces aéreas del Oloton y se pudiese implantar a más gramíneas, como el trigo, cebada, sorgo, y por qué no, hasta la caña de azúcar. El nitrógeno es el fertilizante de mayor uso en el mundo y su producción implica un fuerte impacto ambiental. Pero, y los créditos y beneficios económicos y de otro tipo, ¿para quién y cómo serán?
Los lectores concluirán sin duda que leyes sin el acompañamiento de sólida formación de quienes las aplican y permitiendo impunidad por corrupción, son leyes de papel.
Es cuanto.
Edición: Fernando Sierra
