Participación ciudadana: clave para un gobierno democrático y eficaz

Roberto Gutiérrez López

Ex rector de la UAM Azcapotzalco

En la circunstancia actual que se vive en el país y en varias entidades, es pertinente preguntarse acerca de los factores que pueden incidir en la calidad de la democracia que tendremos en el futuro y en la eficacia de las políticas públicas con las que se buscará responder a los enormes retos que se presentan en la construcción de una sociedad donde los derechos económicos, sociales, políticos y culturales puedan ejercerse a plenitud. 

En este contexto, sin duda, la participación de la ciudadanía es decisiva por varias razones. Inicialmente, porque de ella deberían surgir las demandas a las que la autoridad está obligada a dar respuesta, orientando las acciones de gobierno hacia las problemáticas que la participación hace visible y que reclaman su intervención. Ello supone, por supuesto, que la ciudadanía traduzca en exigencia explícita la reparación de carencias y problemas de diversos tipos que de otra forma permanecerían sólo como un dato crudo de la realidad social.

Es en este punto en el que la información, la deliberación y la organización ciudadanas funcionan como la premisa para que las acciones de gobierno estén en sintonía con el sentir de la gente. Cabe precisar que detonar efectivamente la participación depende tanto de la conciencia cívica y posibilidad organizativa de las comunidades, como de la capacidad de los agentes gubernamentales para dar cauce productivo a dicha participación. Es decir, y dependiendo de la escala de gobierno de que se trate, ya sea municipal, estatal o federal, las élites políticas deben contar con un mapa muy preciso de los actores sociales que son relevantes para procesar y resolver determinadas problemáticas. No es lo mismo tratar un tema como el de la necesidad de áreas verdes que el de la procuración e impartición de justicia.

Cuestiones tan relevantes como la salud, la educación, el transporte, la vivienda, el medioambiente, la violencia de género, el empleo, la seguridad, la educación y la cultura (en un recuento no exhaustivo) exigen tener claridad acerca de la red específica de interlocutores pertinentes. 

Lo anterior implica tomar muy en serio la gobernanza democrática, lejana ya de la dicotomía simple gobierno-sociedad, para asumir un enfoque con agendas diferenciadas, en el que juegan intereses, ideologías, demandas y expectativas diversas, con múltiples juegos y relaciones de poder. 

Encontrar los mecanismos idóneos de diálogo, negociación y construcción de acuerdos en esta nueva complejidad gubernativa, es condición para dos temas capitales: dotar de legitimidad a las decisiones que se tomen en cada caso y para inyectar energía social a las políticas públicas a implementar. De lo contrario, la ejecución de tales políticas corre el riesgo no sólo de ser criticada, sino de fallar en la necesaria colaboración social que se requiere para que sean exitosas.

Información de calidad, foros adecuados de deliberación y debate, procedimientos y estrategias de negociación son insumos imprescindibles en el largo camino que va de los diagnósticos a la instrumentación y finalmente a la evaluación de las medidas de gobierno. Ello requiere de un trabajo sistemático y profesional orientado a canalizar productivamente a un cuerpo social que es diverso, plural y necesitado de canales de expresión que muestren su efectividad, real y no sólo retóricamente, en todos los tramos del proceso de toma de decisiones.

Evidentemente, y justo porque la sociedad es compleja y diversa, y no unitaria y homogénea, la posibilidad de conflicto estará siempre presente, no únicamente en la relación de ésta con el gobierno, sino al interior de ella misma. Y aquí es especialmente importante la manera en que se logren sintonizar los legítimos reclamos de tal o cual sector, con una noción mínimamente compartida de comunidad y de interés público.

De nueva cuenta, la labor de cuerpos burocráticos de calidad resulta esencial para explicar con solvencia por qué satisfacer puntualmente un cierto reclamo puede generar un daño dentro del espacio público compartido por todas y todos. Junto con ello, la explicación de los resultados que se esperan no sólo en el corto sino en el mediano y largo plazo, puede ayudar a la mejor comprensión social de las decisiones que se adoptan.

A este respecto, la opinión pública juga también un papel central. Es en ella donde pueden también exponerse los diversos puntos de vista acerca de la legitimidad y oportunidad de tal o cual medida. A través de distintos medios, se difunde in formación y se enriquece el debate argumentando en uno u otro sentido. La independencia de los medios, ejercida también buscando el equilibrio entre libertad y responsabilidad, es un factor sin el cual el proceso político se desvirtúa y pierde orientación y rumbo.

En esta época en que se renuevan los poderes a nivel federal, y en Yucatán entre otras entidades a nivel estatal y municipal, se abre un horizonte para construir nuevos esquemas de colaboración intergubernamental y de acción colectiva. Sobre la base de decisiones construidas con apertura, transparencia y respaldo social, puede ser factible, más allá de las entendibles banderas partidistas, enfrentar con éxito los retos de esta región y del país en su conjunto. El tiempo apremia. 

Edición: Fernando Sierra