La necesidad de la participación ciudadana en conflictos socio-técnicos en Yucatán

Jaydy Aylin Chan Couoh

En las últimas décadas hemos sido testigos de muchas mejoras en nuestra calidad de vida gracias a los avances tecnológicos en diversos campos: tecnologías de la información y comunicación, tratamientos médicos y vacunas, automatización del trabajo y nuevas formas de entretenimiento. En Yucatán estas cuestiones se reflejan hoy, por ejemplo, en la mejora del transporte urbano a uno moderno, ecológico y accesible, como lo ha señalado el gobernador actual. 

Es innegable que la tecnología ha cambiado nuestra forma de vivir para bien en muchos sentidos; sin embargo, limitarnos sólo a señalar los beneficios de los avances tecnológicos, sería tratar de tapar el sol con un dedo. Es sabido que las tecnologías no son objetivas, neutrales ni racionales, pues en su mayoría derivan de creaciones empresariales y están atravesadas por valores, intereses y objetivos que pueden llegar a entrar en conflicto.

En Yucatán existen varios megaproyectos tecnológicos que sacan a relucir esta realidad, evidenciando los impactos negativos de este tipo de emprendimientos y los conflictos que ocasionan. Estos conflictos o controversias tecnocientíficas pueden ser definidas como debates públicos sobre los proyectos y aplicaciones de la ciencia y tecnología; es decir, como encuentros de valores, intereses políticos, éticos, económicos y factores sociales de los grupos involucrados respecto a la aplicación de la tecnología en problemas ambientales y sus efectos en la sociedad y el medioambiente, ya que estos debates no se quedan únicamente en la academia, sino que involucran a los ciudadanos.

Para identificarlos mejor, señalaré brevemente algunos conflictos sociotécnicos que se han dado en Yucatán:

La interminable lucha contra el monocultivo de soya transgénica. En el Estado este cultivo deforesta y contamina la selva maya, el manto freático, afecta a las especies nativas e interfiere con las actividades económicas de los pobladores, como la apicultura. Ello provoca que pobladores, organizaciones de apicultores mayas, campesinos, y organizaciones no gubernamentales, como GreenPeace México, e instituciones gubernamentales INE, Conabio y Seduma mantengan una lucha desde las últimas dos décadas por el monocultivo de soya transgénica, el cual ocasiona la pérdida de más de 900 mil hectáreas de bosques y selva maya según cifras del Global Forest Watch. 

Las más de 500 mega granjas porcícolas que llevan actividades a gran escala y cuyos desechos orgánicos y manutención de los porcinos consume y contamina el manto acuífero, el aire y afectan la vida en general de los pobladores. Dejando a 26 municipios en condición crítica; como fue el caso de Sitilpech, donde la comunidad se organizó para emitir un amparo por el cierre de la granja que se encontraba en su localidad debido al fuerte mal olor del agua de los pozos. Recurriendo en 2023 a expresarse activamente en redes sociales en busca de apoyo y a movilizarse y organizar marchas por el derecho al agua, bloqueando la entrada de la granja que estaba contaminado con desechos orgánicos el agua y la vegetación del lugar; situación que llegó incluso a la violencia entre autoridades, empresarios y ciudadanía, así como en Homún.

El tratamiento de la basura en el estado de Yucatán. A inicios del año 2023, el relleno sanitario de Mérida se incendió, no una, sino varias veces. Los incendios dentro de relleno, muy malamente conocido ya, “basurero” tuvieron impactos negativos en el suelo, el agua, el aire y la calidad de vida de las poblaciones cercanas. Ya que se encuentra a tan solo medio kilómetro de los municipios Susulá y Chalmuch; afectando a los ciudadanos debido a la gran cantidad de gas metano que produce, el mal olor, los insectos y fauna, los jugos (lixiviados) y partículas nocivas que se filtran al manto acuífero y contaminan los recursos de la península que ya es vulnerable por su naturaleza kárstica. Esta situación llevó a los pobladores a organizarse en cerrar el paso de la avenida Canek hacia Ciudad Caucel para exigirle al gobierno en turno tomar cartas en el asunto.

Si algo tienen en común estas tres situaciones es que nos permiten entender mejor que los conflictos sociotécnicos surgen de las divergencias en torno a cómo se deben aplicar las tecnologías. 

Las perspectivas divergentes se expresan en movimientos sociales, manifestaciones, asociaciones vecinales, en la organización de los pobladores para (auto)gestionar los espacios públicos, involucrarse y crear ciudadanía e influir en las decisiones que se toman en nombre del “desarrollo”. Esto evidencia algo más importante: la necesidad del involucramiento de la población en la planeación e implementación de las tecnociencias y, sobre todo, la necesidad de que las autoridades estatales y locales implementen mecanismos efectivos de participación ciudadana para que las decisiones sobre proyectos de desarrollo no se tomen sólo de manera centralizada, sino mediante procesos de gobernanza, informados, transparentes y en donde se exprese el poder ciudadano.

Estamos en un momento crucial para exigirle a las autoridades nuevas maneras de gobernanza en estas cuestiones, porque al final del día quienes asumimos los impactos negativos de los megaproyectos somos nosotros, los ciudadanos y el entorno que habitamos, porque la tecnología es política y la política es tecnología.

Edición: Fernando Sierra