La península de Yucatán puede afirmar, en general, que en los últimos seis años ha experimentado un desarrollo acelerado; frenado en seco por la pandemia de Covid-19, pero que desde 2022 inició su recuperación, al grado que de los tres estados que ocupan el territorio, uno de ellos puede presumir crecimiento por encima de la media nacional una vez que se decretó la reapertura, al igual que niveles récord de atracción de inversión extranjera directa, o la instalación de grandes empresas. Quintana Roo, por su parte, consiguió reactivar el motor de la industria turística y hoy presume que, en el primer trimestre de este año, tuvo el mayor crecimiento en puestos de trabajo remunerados, con el 9.2 por ciento.
Las tres entidades reciben además una gran derrama económica por las plazas creadas para la construcción del Tren Maya, sin duda el proyecto insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que requirió de la creación de diversas cadenas de abastecimiento de bienes y servicios para los miles de empleados adscritos al tendido de vías, el levantamiento de las estaciones o las tareas de administración.
Las cifras se escuchan bien, y dado que provienen de organismos tanto públicos como privados dedicados a la medición de diversos índices de desarrollo, pueden considerarse datos clave para fundamentar el optimismo o para intentar establecer contrastes con administraciones anteriores y así justificar que se ha tomado una excelente decisión política, pero las cifras también son luz sobre otras sombras, como es el índice de informalidad en la economía de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Resulta que uno de estos organismos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó el informe del primer trimestre del año en curso y resulta que, si bien la península figura en los primeros lugares de ocupación económica formal, también hace lo propio en la informalidad. Campeche encabeza la lista, en el primer lugar, seguido de Quintana Roo, y Yucatán en la sexta posición. De primera impresión, nos encontramos ante una contradicción aparentemente inexplicable. ¿Cómo se puede estar entre los líderes en ocupación formal y al mismo tiempo figurar entre los más informales?
La respuesta está en los salarios. Por varias décadas, los estados peninsulares estuvieron en la “zona C” del salario mínimo, que era el más bajo. Cuando se eliminó esta división, entre 2012 y 2015, la marca de la región era precisamente sueldos deprimidos y economía informal; en su conjunto, las tres entidades hacían una zona de mano de obra barata y poco calificada. Ese es el punto de partida: salvo en algunos rubros, como el diseño de software e industrial, por los que Yucatán apostó particularmente, o el petróleo en Ciudad del Carmen, la economía de los tres estados se centró en el sector terciario o la burocracia.
A esto debemos agregar que la apuesta por atraer inversiones y crear polos de desarrollo han sido importantes, pero no han sido lo suficiente como para crear una economía en la cual resulte beneficiada toda la población. Los incrementos al salario mínimo que se han dado desde 2018 tampoco se han reflejado en los ingresos generales, pues los sueldos no han crecido en la misma proporción que el pago legalmente más bajo. Actualmente es vox populi que se requieren dos trabajos para medio salir adelante.
La respuesta de muchos ha sido recurrir a la informalidad, teniendo un empleo formal del cual obtener las prestaciones de ley, y complementar los ingresos con algún emprendimiento o negocio familiar que termina engrosando la fuerza laboral pero no necesariamente la masa asalariada. Así resulta explicable que Yucatán haya tenido la mayor variación en la economía informal, un aumento de +7.1 por ciento, comparado con el primer bimestre de 2023.
El resultado es que la economía mexicana en general sigue siendo principalmente informal, y aquí es necesario reconocer que el trabajo en esta variante no es solamente el que no paga impuestos, sino el que no recibe prestaciones ni seguridad social alguna. En la informalidad, lo mismo hay profesionistas que personas que ejercen algún oficio, trabajan para alguna plataforma o que laboran sin percibir remuneración.
Difícilmente disminuirá la informalidad si los sueldos superiores al mínimo no se hacen más atractivos para la generalidad de la población. Mientras, recurrir a negocios personales o dedicar parte de la jornada al ejercicio de la plomería, reparaciones de aparatos eléctricos o la venta de artículos por catálogo o ropa de paca, seguirá siendo, más que una opción, la tabla de salvación de más de la mitad de la población económicamente activa.
