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México es un país que vive en un régimen democrático, perfectible, como todas las democracias del mundo, pero que tiene un consenso social pocas veces visto, manifestado nítidamente en las elecciones libres que se realizaron el pasado mes de junio para la renovación de poderes.

La polarización es la manifestación del odio de los poderes fácticos que se niegan aceptar la prevalencia del bien común y han mantenido una campaña bizarra, de guerra sucia, que no logró permear entre las mayorías que decidieron ratificar en las urnas, con un 60 por ciento de los votos emitidos a favor de Claudia Sheinbaum, que continúe la transformación del país por el rumbo iniciado por Andrés Manuel López Obrador.

Los datos son claros, contundentes: las encuestas realizadas previo al último informe del presidente López Obrador evidencian una muy elevada aprobación mayoritaria a su mandato. La encuesta de Enkoll arrojó que un 76 por ciento de la población aprueba el gobierno de AMLO y sólo un 21 por ciento lo desaprueba. El estudio demoscópico encargado por el periódico El Universal a Buendía y Márquez señala que un 73 por ciento aprueba a López Obrador. La inmensa mayoría de las mexicanas y mexicanos reflejan en las mediciones demoscópicas un consenso social en torno al gobierno actual que está por terminar y sin duda alguna con los votos del 2 de junio lo ratificaron.

La polarización proviene de las cúpulas económicas, de las dirigencias panistas y priistas -el PRD ya perdió su registro-, de la jerarquía eclesial, de muchos medios de comunicación alineados al régimen anterior que los benefició junto con sus opinadores, y otros sectores que tenían privilegios y eran beneficiarios de los gobiernos prianistas. Están en su derecho de disentir, pero con menos odio y clasismo, sin apoyar el intervencionismo extranjero que simplemente es injustificable.

Resulta mayor el agravio a México cuando el rechazo a la voluntad popular, es de “servidores públicos” como lo son los organismos autónomos y el poder judicial. En las democracias el pueblo manda, no las minorías convertidas en oligarquías ni las potencias extranjeras. Debería ser motivo de vergüenza que vivan de los recursos del pueblo y se nieguen a acatar su mandato, pero además apuesten al choque, a la beligerancia. El paro en el poder judicial no es por motivos laborales, sino políticos. Oponerse a una Reforma Judicial apoyada por el pueblo es inmoral. Y resulta aberrante que se apoyen en el imperio norteamericano y poderes fácticos extranjeros y nacionales a los que sirven. La cámara de diputados ya aprobó en lo general con 359 votos a favor y 135 en contra la Reforma Judicial, con amplia mayoría calificada.


En lo local

Honor a quien honor merece. Manuel Palacios Herrera concluyó su ciclo como auditor superior del Estado de Quintana Roo. Definitivamente no es del equipo de Carlos Joaquín, más bien se formó en la institución desde que era Contaduría Mayor de Hacienda con Joaquín Oliva Alamilla como titular. Hizo carrera desde abajo y su desempeño fue institucional. Su sucesor, Miguel Zogbi Cheluja, inició en la 4T como asesor de la entonces síndica municipal Yensunni Martínez, quien lo nombró tesorero cuando llegó a la presidencia municipal. Fue el de la lista de apoyos y subsidios del primer trimestre de este año con varios difuntos de años atrás. En este gobierno verde morenista se ganó un ascenso. 

En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!


Edición: Fernando Sierra


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