Opinión
La Jornada Maya
23/09/2024 | Mérida, Yucatán
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó este lunes los preparativos para celebrar el proceso electoral extraordinario de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la reforma constitucional a éste ya ha cubierto todas las salvedades del caso, aunque sí existen procesos judiciales pendientes de resolver, dadas las dos suspensiones hasta que dos juzgados de distrito determinen la validez de la reforma.
La organización del proceso electoral ha quedado, conforme establece la propia reforma judicial, completamente en manos del INE, toda vez que no participan magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ni los partidos políticos. Esto llama la atención porque se presta a que la elección se dé en el vacío legal o al menos con un fundamento muy débil, pues al INE le corresponderá emitir los acuerdos necesarios para la jornada electoral, pero mientras se carece de legislación secundaria que dé fortaleza a la reforma y a la vez regule los plazos en que deben cumplirse diversos ordenamientos, como por ejemplo la desaparición de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La normativa que aún falta es la que debe regular lo que ocurrirá con los procedimientos que se están llevando en las Salas, pues al desaparecer estas, los asuntos pasarán a conocimiento del Pleno de la SCJN, pero debe plasmarse un mecanismo mediante el cual se fije en cuánto tiempo deberán quedar resueltos y en qué orden pasarán al conocimiento de la reunión total de los ministros. En esto, el INE es incompetente.
Lo que la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sí puede prometer, es que el organismo pondrá reglas claras y equitativas para todos los que participen y que el proceso electoral resultará transparente y legítimo. El INE, hay que reconocerlo, acumula décadas de experiencia como para garantizar un proceso electoral confiable.
Por otro lado, una fracción de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se mantiene en paro, al menos hasta el próximo 2 de octubre. Difícilmente estas manifestaciones detendrán la organización y eventual celebración de las elecciones, el próximo primero de junio, de las que surgirá un primer grupo de juzgadores electos por voto popular, algo que no se veía en México desde el Porfiriato.
Por otro lado, la batalla legal se antoja difícil. Las suspensiones contra la reforma judicial que promovió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) son temporales y no sería la primera vez que la SCJN declare la inconstitucionalidad de un proceso, pero se reconozca la situación de facto. La diferencia es que en esta ocasión se transformaría la estructura de uno de los Poderes de la Unión, mientras que en la anteriores la afectación quedaba en un puñado de personas.
Pero mientras, la organización del proceso electoral tiene plazos por cumplir y una fecha designada para la celebración de los comicios, que sí poseen un grado de dificultad particular, dado el corto periodo de campaña establecido en la reforma, y por la cantidad de personas que participarán, aparte de las circunscripciones de cada distrito y circuito judicial, algo que el INE debe resolver rápidamente.
Edición: Fernando Sierra
