¿Transformación de las políticas públicas hacia las mujeres en el sexenio de Claudia Sheinbaum?

Sara Esperanza Sanz Reyes

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, en sus discursos, tanto en el Congreso de la Unión como en el Zócalo de la Ciudad de México, hizo énfasis en que, al llegar a la presidencia, llegábamos todas. En plural y femenino como un reconocimiento a muchas mujeres en la historia que rompieron el techo de cristal a través de iniciativas legislativas, desempeño intelectual, destreza en el servicio público, con posicionamientos políticos creativos e innovadores y principalmente, poniendo el cuerpo y las ideas para defender en el camino hacia la igualdad de oportunidades. Leí el beneplácito, el orgullo, la felicidad y expectativas por esta nueva presidencia en las redes sociales de amigas, colegas, activistas, académicas, profesionistas y familiares. Por tal motivo, en esta ocasión, revisaré los 100 puntos para la transformación, particularmente, en los que se refiere a las mujeres y trataré de responder: ¿qué podría hacer falta para generar una política más participativa e inclusiva? 

En el punto cinco, garantizó el respeto a la libertad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Y dijo: “Combatiremos cualquier forma de discriminación, no al racismo, no al clasismo y no al machismo en México” Esto fue de manera oral porque en el documento no está la palabra machismo por ningún lado. También anunció un nuevo programa social dirigido a las mujeres de 60 a 64 años por el trabajo de cuidados que han desempeñado en sus hogares, y que les impidió gozar de un trabajo remunerado y con seguridad social para acceder a una jubilación. La transferencia monetaria bimestral será de la mitad de la pensión de los 65 y más, se calcula que para el 2025 un millón de mujeres deberán recibir el apoyo.  

Del punto 48 al 53 se desarrollan las estrategias “De y para las mujeres”. En primer lugar, la propuesta para modificar la Constitución e incorporar la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia, así como la obligatoriedad de paritarios y erradicación de brecha salarial. Esto último, es uno de los mayores retos de México porque se encuentra en la posición 119 de 146 economías en el Índice Global de Brecha de Género 2024 del Foro Económico Mundial (IMCO, 2024), lo que se traduce en un ingreso de hasta 16 por ciento menos para las mujeres respecto a los varones, este porcentaje crece con la edad y los estudios. Por ejemplo, una mujer con posgrado en México gana hasta una tercera parte menos del salario que un varón con igual nivel educativo (ENIGH, 2022).

En segundo lugar, propone el programa SOS, atención nacional vinculado con el 911, mujeres en el cargo de ministerios públicos, refugios, reformas para que los agresores salgan de casa, fiscalías especializadas de feminicidios, obligatoriedad de que cada muerte de una mujer sea investigada como feminicidio. En tercer lugar, acceso a la salud y particularmente a la salud, sexual y reproductiva. En cuarto lugar, el apoyo a 150 mil mujeres para el reconocimiento de sus derechos agrarios. En quinto lugar, centros públicos de educación inicial comenzando con las/os hijas/os de las jornaleras agrícolas y en las maquilas del norte del país. Finalmente, la articulación a través del DIF del Sistema Nacional de Cuidados.

En términos generales, estos seis puntos responden a demandas históricas de los movimientos de mujeres y feminismos en México. El acceso a la justicia y la investigación de los feminicidios en México son un paso sustancial para terminar con la impunidad. Cuando fue Jefa de Gobierno en la CDMX, a través de la abogada Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de la República, llevo a cabo estrategias importantes para mejorar la investigación de crímenes contra mujeres, capturando a feminicidas y violadores seriales a partir de instrumentar los protocolos de investigación y la inteligencia policial. Además, abrió mesas de trabajo para el seguimiento de casos de violencia de género con la sociedad civil y la fiscalía. Está comprobado que cuando se pone al frente de las investigaciones de feminicidios a mujeres comprometidas y perfiles profesionales especializados, hay resultados. En este sentido, esperaría que esta práctica se repitiera a nivel nacional. 

Definitivamente, el voto de confianza que recibió este primero de octubre se acompaña con una mirada de seguimiento y evaluación. También de compromiso. Esperaría que se abrieran espacios de consulta y cogestión para llevar adelante las propuestas. Con políticas participativas, además de llegar todas, lo hacemos posible. 

Edición: Fernando Sierra