Opinión
La Jornada Maya
10/11/2024 | Mérida, Yucatán
Annel Nathalie Reyes Cano
En Yucatán la lucha por los derechos reproductivos y el acceso seguro y legal al aborto ha experimentado avances significativos en los últimos años, impulsada por organizaciones de derechos humanos, activistas y procesos legales que han cuestionado la constitucionalidad de las leyes estatales que penalizan el aborto voluntario. Amparos exitosos han llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a emitir resoluciones favorables, ordenando al Congreso de Yucatán modificar su Código Penal. Estas decisiones representan un punto de inflexión en la defensa de los derechos de las mujeres y personas gestantes en el estado, marcando un camino hacia la despenalización y el acceso seguro al aborto. En las siguientes líneas haremos un análisis sobre el contexto local y que se espera a futuro en avances sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos.
A pesar de los derechos reconocidos en la NOM-046, que permite el aborto en casos de violación sin necesidad de denuncia formal y garantiza a las menores de edad el acceso a este servicio con el apoyo de un tutor, en Yucatán persisten considerables obstáculos para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). A nivel estadístico, entre 2010 y 2021, los servicios de salud reportaron un promedio anual de mil 407 abortos en el estado, cifra que no incluye los numerosos abortos clandestinos que se realizan debido a la falta de acompañamiento y protección estatal. Esta situación refleja una necesidad insatisfecha y subraya la falta de apoyo institucional para mujeres y personas gestantes.
Además, la problemática de la mortalidad materna (MM) en Yucatán revela una deficiencia en la atención a la salud reproductiva. Aunque a nivel nacional el número de muertes maternas se ha reducido significativamente entre 2002 y 2018, en Yucatán no se ha logrado disminuir la cifra a menos de 10 casos anuales desde 2002. Con la llegada del Covid-19 en 2020, el estado superó la media nacional de 46 muertes maternas, consolidándose como una de las entidades con mayor Razón de Mortalidad Materna (RMM) en México. Esta realidad destaca la necesidad de incorporar los usos y costumbres locales en la atención a la salud de las poblaciones indígenas, en línea con el objetivo del Programa de Atención a la Salud Materna y Perinatal, establecido en el Programa Estatal de Desarrollo 2018-2024.
Uno de los logros más recientes en la lucha por la despenalización del aborto en Yucatán es el amparo concedido por la SCJN a la organización Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Salud Reproductiva (SHSSR) A.C. Este fallo, aprobado con una mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, declara que ciertos artículos del Código Penal de Yucatán limitan el acceso a servicios de aborto seguro y criminalizan a quienes los ofrecen. En consecuencia, la SCJN ordenó al Congreso de Yucatán reformar estos artículos, permitiendo que las organizaciones puedan ofrecer servicios de aborto sin miedo a represalias legales.
Esta decisión judicial se fundamenta en precedentes como la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, en la cual la SCJN dictaminó que las leyes que criminalizan el aborto vulneran derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la salud, la autonomía y la no discriminación. La SCJN sostiene que el acceso a un aborto seguro es un servicio esencial de salud que el estado no debe restringir.
La lucha por la despenalización del aborto en Yucatán es el resultado de años de esfuerzo colectivo por parte de activistas, organizaciones y defensoras de derechos humanos como Amelia Ojeda; figura emblemática en la lucha por los derechos reproductivos en Yucatán, habiendo dedicado más de 30 años a defender el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. En su amparo, Ojeda argumentó que el Código Penal yucateco representa una barrera injusta y peligrosa para quienes buscan ejercer su derecho a un aborto seguro, incluso en los casos permitidos por la NOM-046. Su lucha resalta las limitaciones del sistema de salud en el estado y la persistente criminalización de quienes intentan acceder a este servicio, especialmente en un entorno donde el estigma y la desinformación prevalecen.
Edición: Fernando Sierra
