Una de las iniciativas recibidas con más expectativa tras el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum fue su
anuncio sobre la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y con ello la eliminación del actual Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT). El pasado 12 de noviembre en la Gaceta Parlamentaria, ya se publicó el dictamen que incorpora las funciones que tendrá la nueva dependencia, 33 en total.
Esta iniciativa se trata para algunos de un logro en el posicionamiento de este sector como estratégico y prioritario para el desarrollo del país, para otros, una señal esperanzadora de que la nueva Administración Pública Federal reconciliará a las comunidades académicas con el gobierno.
Hay que recordar que en mayo de 2023 el Poder Legislativo aprobó la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI). Esta nueva ley busca que el conocimiento y la innovación generen una mayor incidencia en la atención de problemáticas nacionales. Aunque esto es deseable y compartido por diversos actores académicos, tanto el contenido como la forma en que se aprobó la ley, sin contar con espacios de debate, ni considerar diferentes opiniones en su diseño, constituyó un punto de quiebre en las relaciones entre investigadores y el gobierno.
Es de señalar que las nuevas disposiciones modifican abruptamente diferentes mecanismos establecidos para articular a los actores del sistema (universidades, centros de investigación, organismos estatales de ciencia, organizaciones civiles, empresariado, etc.) y concentran las decisiones en el gabinete del Ejecutivo, al establecer una Junta de Gobierno donde si bien hay representantes del sector académico, privado y social, solo tienen voto los titulares de las Secretarías del gobierno federal.
Otra cuestión preocupante es la merma en el presupuesto público. Cabe recordar que la anterior Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI) de 2002 establecía que el gasto nacional en actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico no podía ser menor al 1% del PIB. Sin embargo, en la práctica, nunca se llegó a este porcentaje y en la última década no ha superado el 0.44%. Para el 2021 (último año disponible en los Indicadores RICYT) este porcentaje ya se había reducido al 0.28% del PIB. Por su parte, en la nueva ley se suprimió esta meta.
La LGHCTI de 2023 también eliminó los fideicomisos que permitían el financiamiento de actividades científicas regionales (por ejemplo, los Fondos Mixtos), y otros fondos sectoriales e institucionales (91 en total), constituidos en el marco de la anterior ley y que buscaban la confluencia de recursos destinados a la ciencia, bajo la coparticipación de los gobiernos federal, estatales y municipales.
Desde el 2002 se creó en el presupuesto público el Ramo 38, específico para el sector científico y tecnológico. Éste se vio reducido en el pasado sexenio en términos brutos, y para 2024 se le asignaron 31 mil 655 millones de pesos, según cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación. De allí, se paga la operación de los Centros Públicos de Investigación. También, otros programas como el Sistema Nacional de Investigadores y el de Becas de Posgrado. En conjunto, estos dos rubros consumen 86% de los recursos del CONAHCYT. Un 9% se destina a gastos administrativos, por lo que sólo el 5% quedó disponible para el apoyo a proyectos de investigación (PRONACE), lo cual impacta negativamente en la producción científica nacional.
Seguramente, la actual Presidenta de México, al tratarse de una académica, le dará un espacio importante a la generación de conocimientos, así como la titular de la secretaría naciente, Rosaura Ruíz. Sin embargo, la creación de esta dependencia conlleva importantes retos, si se tiene en cuenta que la nueva mandataria ya advirtió que no habrá más presupuesto para esta Secretaría, por lo que será necesario apretar los gastos del sector.
Además, será fundamental recuperar los mecanismos y canales de comunicación con los actores regionales y locales, promover estrategias de toma de decisiones intersectoriales y garantizar la autonomía de diversas instituciones que integran el sistema, como los Centros Públicos de Investigación y otros presentes en los estados. En suma, propugnar por la gobernanza del sistema de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, ahora más que nunca necesaria en el diseño y puesta marcha de la nueva dependencia gubernamental.
Edición: Mirna Abreu
