Opinión
La Jornada Maya
24/11/2024 | Mérida, Yucatán
La elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación será una novedad para la ciudadanía mexicana, ante la cual se han creado expectativas que podrían resultar desmedidas, pero también desafíos en materia de organización, por parte de las autoridades responsables, y de asistencia a las urnas por parte del pueblo político.
Por principio, hay un desafío para el Instituto Nacional Electoral porque en la contienda hay 881 cargos en disputa, pero no todos deben figurar en la misma boleta. Por principio, todos los votantes deberán seleccionar a quienes quieren que conformen la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La dificultad radica en la cantidad de aspirantes al cargo y cuántos espacios hay disponibles, de ahí que quienes estén a cargo del conteo de votos tendrán una tarea enorme para distinguir quiénes habrán obtenido la mayoría de sufragios, dado que no se estará votando por una planilla. En todo caso, las mesas tendrán la enorme responsabilidad de establecer quiénes habrán obtenido el suficiente respaldo como para vestir una toga.
Por otra parte, se han registrado más de 5 mil candidatos a los distintos cargos, que son magistrados de circuito y jueces de distrito. Esto deberá reflejarse en la integración de las boletas, pues cada uno responde a una circunscripción distinta, y por lo tanto, deberán imprimirse distintas boletas para cada una de las demarcaciones. Esto no es nada que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya realizado antes, porque es el mismo principio que se utiliza para votar por quienes deberán conformar la Cámara de Senadores, pero la gran diferencia es que tanto tribunales como juzgados federales responden a una demarcación territorial diferente a la política; es decir, va más allá de los estados o bien la jurisdicción abarca varios municipios de dos o más entidades.
Entonces, siendo realistas, es necesario escuchar al INE en lo que refiere a la necesidad de un presupuesto suficiente para llevar a cabo estos comicios, que son inéditos en el México posrevolucionario. Y aquí es necesario acotar que México jamás ha elegido magistrados y jueces federales, pues durante el siglo XIX y el Porfiriato, lo más que se encontró en disputa fueron los cargos de ministros de la SCJN y los poderes judiciales locales, para los cuales sí se escogía a magistrados de los tribunales superiores de justicia y jueces de primera instancia.
Entonces, en la próxima elección de ministros, magistrados y jueces federales, el riesgo se encuentra en dos vertientes: primero, la integración de las mesas de casilla; aquí, aunque existe una experiencia ciudadana formada desde mediados de la década de 1990, lo cierto es que puede existir el rechazo por parte de quienes resulten llamados a desempeñarse como funcionarios. Esto no necesariamente porque rechacen la elección, sino por la dificultad que se vislumbra para el conteo de los votos, pues no se estará buscando a quien gane indiscutiblemente, sino la exactitud en el número de sufragios que obtendrá cada candidato para conformar la SCJN. El conteo no será sencillo, y esto mismo puede resultar un factor disuasivo para responder al llamado para recibir las boletas el día de la elección.
Pero por otro lado está también la expectativa de participación ciudadana. Aquí la cuestión no es si el ciudadano tacha más o menos nombres de los que deba en la boleta, o si marca más hombres que mujeres de los que se le indiquen, sino con cuántos votos se considerará que la elección es legítima. Es decir, más allá de si se considera válida o no una boleta, es cuántas personas avalarán con su voto la reforma al Poder Judicial de la Federación. Entonces, la cuestión del presupuesto que requiere el INE no es menor, pues además de asegurar que habrá un incentivo suficiente para quienes se desempeñen como funcionarios de casilla, también deberá haber una partida para la producción de publicidad (no para su difusión, porque los tiempos en los medios de comunicación son del Estado) lo suficientemente bien pensados como para que asegurar una respuesta suficiente al llamado a las urnas.
Estas son tal vez las mayores dificultades para el próximo proceso electoral, pero no son las únicas, y la clave estará en cuánta claridad pueden tener en el INE para capacitar a los funcionarios de casilla y también a los votantes. Elegir democráticamente al Poder Judicial será un ejercicio sumamente demandante para la ciudadanía y por lo mismo es uno cuyos resultados deben ser lo más claros y beneficiosos para los mexicanos.
Edición: Fernando Sierra
