Opinión
Felipe Escalante Tió
06/01/2025 | Mérida, Yucatán
Uno de los principales temas que deberán abordarse durante las “Reuniones de Consulta hacia el programa sectorial de Cultura” que hoy inician, y especialmente en la que tendrá lugar en Mérida este jueves, es quién debe estar a cargo de las diferentes expresiones del patrimonio cultural mexicano, entendiendo éste tanto por el que da soporte a la identidad nacional como el que distingue a los habitantes de cada región del país.
Independientemente de que se trate de una manifestación material o inmaterial del patrimonio cultural, la realidad es que autoridades de lo más diverso intervienen en la sanción de una práctica, sin que el reconocimiento implique el apoyo económico para que exista una intervención, o recursos para su preservación. Podemos tomar, para el caso del patrimonio inmaterial, el reconocimiento de la partería tradicional o a las cocineras de Cansahcab que elaboran el pavo “San Simón”. Las mujeres poseedoras de estos saberes no han recibido más que una validación verbal de sus conocimientos, y si acaso han pasado a integrar un padrón; el riesgo de que la receta y la actividad se pierdan, sin embargo, permanece.
Ejemplos sobran: cuando se trata de conocimientos podemos irnos al bordado, a la fabricación de sombreros, la alfarería en barro negro o verde, la elaboración del queso de tuna o el dulce tradicional o destilado de agave que se quiera; estas prácticas han quedado más para difusión o atractivo turístico que como patrimonio cultural. La excepción será siempre la actividad que ha quedado en manos del capital, que tiende a sistematizar y monopolizar los conocimientos asociados a ella, en busca de una utilidad económica, una visión que se vio favorecida entre los años 1980 y 2018.
Existe entonces un gran pendiente en la atención al patrimonio cultural inmaterial desde una perspectiva respetuosa para los saberes que implica, así como para que las personas conocedoras de la actividad encuentren el modo de transmitir sus conocimientos y que estos permanezcan en las comunidades de origen y, siempre con el debido respeto, se pueda difundir entre propios y extraños, ya no de un modo extractivo o como espectáculo, sino como un acto de enseñanza-aprendizaje.
Pero cuando se trata de patrimonio cultural tangible, llamémosle edificado o documental, independientemente de su soporte, nos encontramos con que varias dependencias tienen la responsabilidad de su atención pero no necesariamente cuentan con el personal suficiente o esta función no se encuentra entre las de mayor prioridad.
De nuevo es necesario dejar en claro que aún venimos arrastrando una visión utilitarista del patrimonio cultural, según la cual lo que vale la pena es lo que produce alguna rentabilidad. De ahí que en la península tengamos ejemplos de recintos que prácticamente fueron abandonados a su suerte y cerrados mientras se contaba con la suficiencia presupuestal para darles mantenimiento o recuperarlos de un incidente. Es el caso de la Biblioteca Rojo Gómez en Chetumal, Quintana Roo, y los teatros Toro, en Campeche, y Peón Contreras en Yucatán. Este último continúa cerrado, en lo que se restaura.
Pero si estos son edificios públicos, cuando se trata de construcciones que se encuentran en manos de corporaciones como la Iglesia católica, o casonas privadas, parece que el deterioro es el destino final, ante la indiferencia de la sociedad e incluso de las autoridades. El desplome de la bóveda del templo de San Luis Obispo, en Calkiní, Campeche, es de llamar la atención, puesto que la Diócesis había reportado desde hacía varios años la necesidad de una intervención especializada, que le corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En México, varias ciudades coloniales han perdido la arquitectura característica del periodo. Hoy, como único vestigio de esa época, quedan algunas iglesias en pie. Pero tampoco es necesario remontarnos a los años previos al siglo XVIII, cuando a partir de la Independencia se dieron grandes transformaciones urbanísticas, abriendo calles que pasan por donde antes hubo conventos, hospitales y escuelas. Basta ver fotografías de las avenidas que se construyeron pretendiendo imitar Champs-Élysées, como los paseos de la Reforma y Montejo, para ver cuántos bellos edificios terminaron sucumbiendo ante la picota. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos puso al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) como responsable de las zonas de monumentos artísticos, pero los casos en el que éste ha intervenido para detener una demolición son desconocidos.
Así pues, el problema es tanto ubicar a la dependencia competente como que ésta cuente con el recurso humano y económico suficiente para intervenir en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y edificado. El tema no es tanto si hay un marco normativo, sino la operatividad de éste y la coordinación entre autoridades y particulares. Valdrá la pena emprender la revisión de funciones del INAH, el INBAL e incluso las secretarías de Cultura en todos los niveles.
Edición: Estefanía Cardeña