Opinión
La Jornada Maya
19/01/2025 | Mérida, Yucatán
Sara Esperanza Sanz Reyes y Annel Nathalie Reyes Cano
A principio de año, es común hacer un balance de logros y reflexionar sobre lo que aún queda por hacer. En este contexto, planteamos una revisión de los ejercicios de gobernanza comunitaria llevados a cabo por grupos y colectivos de mujeres en Yucatán. Sin pretender ser una enumeración exhaustiva, nuestro objetivo es ofrecer una panorámica de lo aprendido en términos de organización, gestión y acción comunitaria, y aportar una reflexión sobre las necesidades más urgentes.
Como guía para esta reflexión, nos basamos en el Plan Estratégico de ONU Mujeres 2022-2025 (2021), diseñado para enfrentar los efectos de la pandemia, reconociendo tanto las desigualdades preexistentes como las nuevas brechas que emergieron. Las metas del Plan se enfocan en cuatro áreas clave: incrementar la gobernanza y participación de las mujeres en la vida pública, promover su empoderamiento económico, erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, y reducir el riesgo de desastres, fomentando la paz y la seguridad. Estos ejes parten de la premisa de que una mayor participación de las mujeres en las acciones gubernamentales y sociales fortalecerá el acceso a los derechos de otras mujeres. Este principio podría ser cierto, siempre y cuando se logre superar el desafío de la diversidad de mujeres que participan, logrando una representación real e inclusiva.
El mismo desafío es evidente a nivel nacional. Aunque en México se ha consolidado un marco normativo robusto que reconoce la igualdad de género como un derecho humano —garantizado en los artículos 1 y 4 de la Constitución— y aunque iniciativas como el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación (Proigualdad) han buscado incorporar la perspectiva de género en las acciones de la Administración Pública Federal, los resultados se diluyen cuando las poblaciones a las que se dirigen son más vulnerables. Las mujeres y niñas en situación de pobreza, las mujeres diversas, las indígenas y aquellas en entornos rurales siguen enfrentando barreras significativas para acceder a estos derechos.
En este sentido, Casa Colibrí, Centro Cultural y de Derechos Humanos, surgió en Valladolid, Yucatán, como una iniciativa de la profesora María Candelaria May, quien, movida por la necesidad de ofrecer un espacio de defensa para los derechos de las mujeres indígenas, fundó este centro como un lugar de diálogo, intercambio y apoyo comunitario. Desde su apertura, Casa Colibrí ha logrado expandirse significativamente, con 12 casas actualmente en varios municipios de Yucatán. La creación de este centro responde a una necesidad urgente: la falta de atención de las instituciones gubernamentales, especialmente en las comunidades indígenas y rurales. Es un ejercicio de gobernanza comunitaria intercultural, una apuesta por la defensa de los territorios: tanto el cuerpo como la tierra, el amor y la dignidad.
Además, en noviembre del año pasado se celebró el Foro sobre los derechos de las mujeres en el sector apícola y meliponícola, organizado por la profesora Aurora Xolalpa y su equipo en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, con el auspicio de PNUD, USAID y The Nature Conservancy. En este evento, que reunió a más de 50 mujeres y hombres, se reflexionó sobre varios temas prioritarios para el desarrollo sostenible. Entre ellos, destacó la educación de niñas y adolescentes como un eje fundamental para asegurar su permanencia en la escuela; el acceso formal a la tenencia de la tierra, dado que los derechos ejidales se siguen heredando principalmente a los hombres, lo que reduce la posibilidad de acceder a programas sociales o créditos productivos; y el reconocimiento comunitario del trabajo y la aportación económica de las mujeres.
Estos dos ejemplos muestran la necesidad de articular redes regionales, más allá de los límites estatales, para defender sus territorios y ser escuchadas en el diseño de políticas públicas. Esto no solo a través de foros que buscan elaborar planes estatales de desarrollo, donde se convocan a las mismas líderes de siempre, sino mediante una consulta más extensa que integre la perspectiva futura de las poblaciones rurales.
Finalmente, nos gustaría señalar un reto: En este equipo consideramos que una transformación profunda de las relaciones de género debe comenzar con el acceso y ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. El cuerpo, como territorio de cuidado, educación, paz y acción, es clave para fomentar una participación libre y comprometida de las mujeres en este 2025.
Edición: Fernando Sierra
