Opinión
La Jornada Maya
15/12/2024 | Mérida, Yucatán
Sara Esperanza Sanz Reyes y Annel Nathalie Reyes Cano
El derecho humano a la participación establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la participación en asuntos públicos de forma directa o a través de representantes, el derecho a votar y ser elegido, y la intervención directa en asuntos públicos. Los dos primeros están mediados por la lógica electoral, mientras que el último implica una participación directa y sustantiva en la definición e implementación de lo público.
Para el cierre de este año, los festejos por el aumento de la representación femenina en la política tienen dos vertientes. Por un lado, algunos consideran que la elección de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta en nuestro país representa un cambio simbólico y el traslado inmediato de las demandas femeninas al poder. Por otro lado, existen perspectivas más críticas que resaltan la reducción presupuestaria en programas clave para la igualdad de género y el acceso a la justicia.
La experiencia enseña que la llegada de mujeres a posiciones de liderazgo no garantiza un impacto directo sobre los derechos de las demás mujeres. Alcanzar el poder no significa que todas logremos los mismos beneficios, ni que se destinen recursos suficientes para disminuir desigualdades, facilitar el acceso a la justicia o impulsar transformaciones culturales a mediano y largo plazo. Ante esto, resulta relevante explorar otros mecanismos de participación directa que constituyen prácticas de gobernanza participativa.
La gobernanza participativa supone la incorporación real, transversal y progresiva de la ciudadanía en la toma de decisiones para resolver problemas locales y nacionales. Es un ejercicio de democracia abierta, con tensiones inherentes, que busca transitar hacia una horizontalidad en la práctica política. En esta primera parte, se revisan algunos esfuerzos desde los movimientos de mujeres para incluir sus demandas en la agenda gubernamental, transformando la institucionalización de la perspectiva de género, así como consejos y colectivos que abordan temas de ciudadanía y cuidados.
Uno de los ejemplos destacados es la creación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que ha logrado posicionar el aborto como un problema de salud pública y justicia social en México mediante argumentos bioéticos, sociales y legales. En 32 años, GIRE ha contribuido significativamente a:
La despenalización del aborto hasta las 12 semanas en 19 entidades del país.
Las modificaciones a la NOM 046 para el acceso al aborto de víctimas de violencia sexual.
El litigio y acompañamiento a mujeres a quienes se les negó este derecho.
La distribución de información científica, clara y objetiva sobre el tema.
En Yucatán, unas 20 organizaciones tienen como eje el derecho a decidir, marcando un cambio notable en el discurso público estatal. El sector salud pasó de la negación a cumplir marcos normativos, facilitando el acceso al servicio de manera gratuita. Aunque estos avances no son promovidos oficialmente, se han atendido casos con base en precedentes legales. A pesar de los logros, los retos persisten.
Otro caso son los consejos consultivos, instancias socioestatales en distintos niveles de gobierno. Ejemplo de ello son el Consejo Consultivo de las Mujeres y el Consejo para eliminar la discriminación por diversidad sexual del Ayuntamiento de Mérida. El primero trabajó en transversalizar la perspectiva de género en la planeación y presupuestación municipal. El segundo logró avances legales como la eliminación de sanción al trabajo sexual en el Bando de Policía y Buen Gobierno, y la creación de un protocolo de actuación para la policía municipal respecto a la diversidad sexual.
Un tercer ejemplo es el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI) en Yucatán, que trabaja en proyectos sobre derechos humanos, igualdad de género, comunidades indígenas y población LGBTTTI. Este centro cuenta con el respaldo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales.
Estos ejemplos reflejan un cambio en las estrategias de acción, donde el Estado es visto como un interlocutor en el proceso de gobernar, sin ser el único responsable. Esto evidencia una madurez en las formas de negociación sin retroceder en derechos.
En la próxima entrega, reflexionaremos sobre las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad, como aquellas en ámbitos rurales e indígenas.
Edición: Fernando Sierra
