IMSS, mayor exigencia, ¿sin fortalecimiento?

El sistema de salud pública de México, solamente por sus dimensiones, es tema de un sinfín de historias con desenlaces diametralmente opuestos. Hay que reconocer, también, que muchas críticas las acarrea desde los años en que fueron fundados los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y que en su gran mayoría son objeciones de tipo ideológico para el funcionamiento de ambas instituciones.

Durante la pandemia de Covid-19, ambas fueron puestas a prueba y, aunque hubo momentos en los cuales el sistema fue rebasado, la crisis fue superada. Sin embargo, el personal sanitario fue de las poblaciones que más bajas sufrieron. Ahora, de nueva cuenta, el IMSS se debe preparar para una nueva exigencia, que será garantizar la atención a la salud de los mexicanos que sean repatriados de Estados Unidos, al menos por un periodo de tres meses.

El plazo obedece primero a las deportaciones que realiza el gobierno de Estados Unidos, ordenadas por su presidente, Donald Trump, desde el 20 de enero de este año, y al ánimo de la contraparte mexicana por ofrecer un mínimo de seguridad social a quienes, ya por muchos años, han sido llamados “héroes y heroínas” por las remesas enviadas, que continuamente le disputan a las exportaciones petroleras el primer lugar como fuente de ingresos para el país.

Independientemente de las facilidades que se brinde a los connacionales para obtener su Clave Única de Registro de Población (CURP), afiliarse individualmente, así como a sus beneficiarios, y brindarles la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y obstétrica, lo que se está previendo es un crecimiento sumamente acelerado de la población derechohabiente, misma que a su vez, para prolongar su vigencia de derechos, deberá incorporarse a la fuerza laboral formal. Por otra parte, no se vislumbra el fortalecimiento del IMSS para poder garantizar los servicios a quienes lleguen de los Estados Unidos en los próximos meses.

La mayor dificultad para el IMSS no estará en la afiliación de los deportados, sino en garantizar que serán atendidos, especialmente cuando requieran de una cirugía o el acceso a medicamentos que tal vez sí recibían en Estados Unidos pero que no forman parte de los que brinda el Instituto. De nuevo, la situación creada implica un desbalance entre la población derechohabiente y la capacidad del IMSS. Porque lo cierto es que las historias en las que a una persona se le posponen cirugías programadas durante más de un año, o de quienes tienen que recurrir a la justicia para ser atendidos, siguen existiendo. 

Es decir, el IMSS no tiene ahora la fortaleza para garantizar, a la población derechohabiente actual, el derecho a la salud y la atención pronta y digna a sus necesidades en materia de consulta especializada y cirugías. Lo previsible es que, si la infraestructura actual no se fortalece, el problema no hará más que recrudecer, y a nadie le beneficia un instituto débil, especialmente cuando es uno de tanta cercanía a la población trabajadora.

Es cierto que el régimen de la Cuarta Transformación ha pretendido impulsar una mejoría en el sistema de salud nacional, pero ha enfrentado dificultades especialmente de tipo político e ideológico para llevarlas a cabo rápidamente. Detrás de las demoras existen muchos intereses, y el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum deberá realizar un enorme esfuerzo para hacer del IMSS el instituto que requieren los tiempos actuales, así como para asegurar que sea el órgano garante del derecho a la salud por parte de los que menos tienen.

Edición: Fernando Sierra