Opinión
La Jornada Maya
10/02/2025 | Mérida, Yucatán
Alrededor del mundo, la falta de vivienda se ha vuelto un tema recurrente; en redes sociales circulan memes acerca de cómo la actual generación (y lo más probable es que estemos hablando de quienes nacieron desde 1990) no han conseguido un lugar con un mínimo de satisfactores para poder llamar hogar, o han tenido que recurrir a estrategias de “coliving”, o compartir el espacio con otras personas. El principio una familia, una casa o departamento, simplemente está fuera del alcance de sus ingresos.
En otras partes del mundo, el tema ha llegado a otros espacios. Un ejemplo es la reciente entrega de los premios Goya, en España, donde la cinta El 47 puso en la agenda las condiciones de vida en los barrios obreros. Los reclamos por alquileres más accesibles y mejores condiciones para adquirir una vivienda no se hicieron esperar; aunque en una ceremonia patrocinada por AirB&B, el chiste termina por contarse solo.
México no es ajeno a la polémica, y en cada estado, la problemática posee características propias. Lo mismo puede encontrarse que en una ciudad hay fraccionamientos vacíos, por falta de servicios, particularmente transporte público, qué urbes en las que el proceso de gentrificación se ha recrudecido, desplazando a miles de familias que llevaban generaciones establecidas en una colonia, o bien otras en donde se abandonó la construcción de casas destinadas a trabajadores, o donde éstas no cumplen con ser un espacio digno, y donde parece que densidad de población debe entenderse como sinónimo de hacinamiento y pérdida de la privacidad.
Por eso resulta encomiable que en este trimestre inicie la construcción de más de 52 mil viviendas de interés social, de las cuales el 20 por ciento se rentará a jóvenes, quienes tendrán la opción de compra, según presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes.
Si bien las obras estarán repartidas entre 25 estados, llama la atención que más de 7 mil se construirán en Quintana Roo, entidad donde la demanda de mano de obra para el sector de la construcción es elevada, pero también quienes se dedican a esta industria, al igual que quienes trabajan en los negocios vinculados al turismo, carecen de acceso a una vivienda digna. Se trata, pues, de un acto de justicia social para quienes han sido responsables de que millones de visitantes hayan contado con una habitación y hayan encontrado un servicio que les ha hecho regresar o llamar a su estancia las vacaciones de su vida.
Ahora, el solo hecho de que la vivienda para los trabajadores haya sido descuidada en las últimas décadas, no ha sido factor suficiente como para ahuyentar a quienes vislumbran un dinero fácil, que en realidad pertenece a los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Lo mismo podemos encontrar a supuestos asesores del Instituto que en realidad operan un esquema fraudulento de adquisición de casas, que a despachos jurídicos que promueven casos contra quienes se han retrasado en sus pagos para despojarlos del patrimonio adquirido, ayudados por personal del Infonavit. Casos hay también de inmobiliarias que supuestamente venden casas mediante créditos de ese organismo, pero en realidad estas nunca se construyen o bien el desarrollo no está municipalizado, por lo que se dedican a estafar a quienes, de buena fe, buscan hacerse de un lugar para establecerse.
Debemos mantener, entonces, una actitud vigilante hacia la construcción de vivienda que tendrá lugar en estos meses, no solamente porque tenemos el antecedente de las operaciones de “coyotes” que buscan el dinero de los trabajadores, sino también de las acciones de inmobiliarias y despachos; unos incumpliendo con las obras prometidas, otros buscando cómo despojar a quienes con esfuerzo buscan el sueño de una propiedad inmueble para sus familias.
Será necesario que el gobierno de la Cuarta Transformación, en pro de asegurar que la población beneficiada en verdad alcance la meta de contar con una vivienda, ponga al alcance de los derechohabientes del Infonavit información clara acerca de los créditos que este instituto ofrece, pero también programas de educación financiera y todavía más información sobre los efectos de la reciente reforma al organismo, que la oposición ha querido pasar como un robo en ciernes del dinero de los trabajadores. Hay, pues, varias líneas de acción que van más allá de la mera construcción y creación de esquemas de adquisición.
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Edición: Estefanía Cardeña
