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Este miércoles, el Departamento de Estados Unidos dio a conocer que designó a seis organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas trasnacionales. Son los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Unidos, del Noreste, del Golfo y La Familia Michoacana. 

El anuncio realizado por el gobierno que encabeza Donald Trump es un mensaje tanto con fines de política interna como en cuanto a la relación con México. De ahí que se haya enfatizado el que esos grupos “representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos”.

Para la Casa Blanca, es posible que lo primordial sea que el principal impacto del mensaje sea en el electorado estadunidense, de manera que a través de su difusión se consiga un incremento en la popularidad de Donald Trump, en previsión de que iniciará el combate a la “amenaza” del exterior, representada por organizaciones criminales cuyo centro de operación se encuentra fuera de su territorio, pero de alguna manera consiguen colarse por la frontera y envenenar a la población. El efecto es crear la percepción de que el presidente elegido está dedicando sus energías a conseguir el bien colectivo haciendo que otros países se hagan responsables del combate al tráfico de estupefacientes, aunque no se solucione el problema de la creciente demanda interna.

El efecto sobre la población estadunidense, si es que no se ataca el consumo de drogas y se mantiene la persecución a los cárteles solamente tras las fronteras, será el encarecimiento de los enervantes, algo que posiblemente inhiba a los potenciales compradores, pero difícilmente será una medida cuyo efecto sea de de largo alcance.

Independientemente de si se acepta la calificación de terroristas para los cárteles indicados, porque la población de Sinaloa, Guanajuato y Michoacán podría coincidir en ello, lo importante es que se les agregó el término “trasnacional”, lo que debe entenderse como que opera en más de un país; la consecuencia debiera ser que el combate a estas organizaciones se lleve a cabo también en Estados Unidos, pues resulta hasta una obviedad que las drogas ingresan con la colaboración de funcionarios de ese país, que un alto porcentaje de la venta de enervantes se queda ahí, y que allá están montados los negocios para el “lavado” de ese dinero.

En cuanto a la respuesta que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum, en estricto sentido, debe entenderse como que el compromiso mexicano es que existirá la cooperación y se compartirá información con las agencias estadunidenses involucradas, pero no se permitirá la operación de tropas estadunidenses en territorio nacional.


El hecho de que México haya puesto cuatro principios para la colaboración, que involucran el reconocimiento de que el problema existe a ambos lados de la frontera, el cumplimiento de acuerdos, el trabajo en conjunto siempre que las Fuerzas Armadas Mexicanas no se subordinen en ningún momento a las de Estados Unidos, y el respeto a las soberanía como condición irrenunciable, es un precedente en la relación con el vecino país, particularmente con el particular estilo de gobernar de su presidente.

Si se establece la cooperación entre ambos países, será un gran avance en la relación binacional, a pesar del ruido proveniente de la Casa Blanca.


Edición: Fernando Sierra


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