Opinión
La Jornada Maya
29/04/2025 | Mérida, Yucatán
Este martes, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dio a conocer las primeras consecuencias de la detección de irregularidades en lo que debió ser la primera licitación internacional para la adquisición de insumos médicos y medicamentos, promovida por Birmex, y que terminó con la orden de reposición del procedimiento. La funcionaria reveló que una empresa ya fue inhabilitada, otra será denunciada por falsificación de documentos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),
mientras que otras 16 están bajo investigación y 59 más también están sujetas a averiguaciones por incumplimiento en sus entregas.
Cabe mencionar que, desde inicios del sexenio pasado, existe una fuerte tensión entre las empresas farmacéuticas y los gobiernos de la Cuarta Transformación, y que los adversarios del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, han pretendido presentar esta pugna como factor determinante para una pretendida escasez de medicamentos en el sistema público de salud.
Algo hay de cierto: el surtido de medicinas a los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado experimenta varias irregularidades. Al respecto, Buenrostro ha reconocido que existen irregularidades en la licitación de alrededor de 600 claves; equivalente a un número igual de medicamentos específicos, una situación que idealmente debe resolverse a la mayor brevedad posible porque afecta a personas en una condición vulnerable, pero que intereses sumamente mezquinos siguen manteniendo en vilo.
Resulta sumamente grave que entre las irregularidades encontradas se encuentre la falsificación de documentos oficiales. El solo hecho de que una empresa pueda y recurra al delito para participar en una licitación habla del nivel de corrupción aún prevaleciente en el sector salud, donde también deben aplicarse sanciones a los funcionarios involucrados si, como dijo la secretaria, “se tienen identificados los nombres de todos aquellos que estuvieron involucrados en las irregularidades que fueron detectadas”.
En La Jornada Maya hemos dicho que lo positivo de la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fue que se evitó oportunamente un gran daño al presupuesto del sector salud y que no fue necesario esperar hasta 2026 para tener los resultados de una auditoría o a los resultados de una solicitud de Transparencia, cuando ya se tratara de hechos consumados. Resulta positivo también que a pesar de que se ordenó reponer la licitación, la llegada de medicamentos continúe.
Tampoco debe perderse de vista que el fondo del conflicto con las farmacéuticas es la enorme ganancia que obtienen del Estado, al cual algunas empresas suelen venderle medicamentos e insumos con un sobreprecio exagerado. Por otro lado, la complicidad por parte de funcionarios del sector salud favorece estas malas prácticas, que deben llegar a su fin si se cumple el principio de “Por el bien de todos, primero los pobres”.
Edición: Fernando Sierra
