Opinión
La Jornada
30/04/2025 | Ciudad de México
En su sexto encuentro con colectivos de buscadoras de personas desaparecidas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que el gobierno federal tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, asegurando la debida coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, la funcionaria estimó que 90 por ciento de las propuestas presentadas el viernes 25 por los colectivos para fortalecer protocolos de búsqueda y bases de datos ya están consideradas en las iniciativas de reforma remitidas al Congreso por el Ejecutivo federal o pueden integrarse a las mismas para su trámite legislativo. Debe recordarse que la aprobación de las modificaciones legales se encuentra pausada por acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Senado, precisamente a fin de mejorarlas con los planteamientos de los grupos de buscadoras.
Tras detallar las instituciones y medidas que el Ejecutivo plantea crear o fortalecer para resolver esta crisis, Rodríguez reiteró a sus interlocutoras el compromiso de actuar "con sensibilidad y profesionalismo para brindarles el trato digno que merecen y contribuir al respeto de los derechos humanos". Consciente de la desconfianza arraigada tras décadas de indiferencia oficial y un exasperante estancamiento, la secretaria expresó que la actual administración tiene "toda la disposición y el compromiso para avanzar en este tema tan triste y doloroso", por lo que las reuniones sostenidas en este mes son sólo el inicio de un diálogo transparente y honesto.
La búsqueda de los desaparecidos es una herencia nefasta y enorme que plantea desafíos a cada paso, desde la vastedad del territorio mexicano, pasando por el tiempo transcurrido en muchos de los casos y las prácticas de eliminación física de todo rastro empleadas por los grupos del crimen organizado, hasta el hecho de que los delincuentes que podrían revelar el paradero de las víctimas se encuentran también desaparecidos, muertos o recluidos fuera del país. Sin embargo, abordar este desafío con todas sus capacidades legales es una responsabilidad indeclinable del Estado, el cual tiene la obligación moral de no escatimar ningún recurso para esclarecer la ubicación de las personas ausentes, hacer justicia, reparar el daño en la medida de lo posible y garantizar la no repetición de estos hechos.
En este sentido, sin duda es un dato auspicioso que ya se haya alcanzado media docena de encuentros entre la Segob y distintas organizaciones de familiares, en tanto la discusión constante en un marco de empatía y respeto es la mejor manera de reconstruir la confianza y de iniciar una colaboración fructífera entre las víctimas indirectas y las instancias responsables de responder a sus exigencias.
El entendimiento entre familiares, organizaciones y autoridades, cuyo peso recae en estas últimas, es el catalizador de un proceso de esclarecimiento y sanación de una de las mayores heridas que atraviesan a la sociedad mexicana, por lo que cabe esperar resultados palpables tanto para dar alivio al dolor de la gente como para procurar justicia.
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Edición: Estefanía Cardeña
