Opinión
La Jornada Maya
06/05/2025 | Mérida, Yucatán
Acceder a una vivienda digna se ha vuelto cada vez más difícil para la población trabajadora. Sin embargo, a las dificultades de incorporarse a la economía formal, aquella que cuenta con prestaciones, deben agregarse la disminución de la oferta asequible de casas o departamentos a través del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y los mecanismos a través de los cuales esa misma dependencia ha hecho que el derecho a un techo sea cada vez más inaccesible para muchas personas.
El Infonavit, según dio a conocer este martes su director, Octavio Romero Oropeza, ya detectó más de 900 mil viviendas “emproblemadas”, y esto es porque el propio instituto estableció las condiciones de los créditos, que se volvieron impagables para los derechohabientes, o porque las prácticas de cobranza fueron fraudulentas o de plano ilegales, o se trata de construcciones alejadas de zonas urbanas y, en consecuencia, de los servicios básicos como electricidad, agua potable corriente y transporte público.
Romero Oropeza indicó que ya hay un conjunto de demandas en contra de los despachos que promovieron juicios masivos, pero también contra funcionarios del Infonavit que se prestaron a vender en múltiples ocasiones un mismo predio, en perjuicio de miles de trabajadores.
Para llegar a esta
situación de vivienda “emproblemada” tuvieron que combinarse al menos tres factores: corrupción institucional, para permitir la venta múltiple de casas o el otorgamiento de licencias de construcción en zonas inapropiadas para habitación; la facilidad que encontraron los desarrolladores para edificar y vender al Infonavit. Estos recuperaron sus inversiones, pero dejaron en manos de funcionarios la gestión de créditos, y estos también vendieron adeudos a despachos de cobranza.
El resultado es simple: una cantidad de viviendas de construcción reciente, pero de la cual se despojó a quienes hicieron cuanto pudieron para pagar mensualmente la cantidad pactada, hasta que las condiciones se hicieron leoninas. La prioridad fue, por décadas, cobrar los créditos, no garantizar el derecho de los trabajadores a contar con un domicilio propio.
La situación es, entonces, contradictoria: hay una población que busca hacerse de una vivienda a través de su trabajo, pero por otro lado hay un exceso de habitaciones en una situación jurídica compleja o incluso invadidas. La intención del actual gobierno, según lo expresado en la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, es impulsar que lo ya construido sea utilizado, preferentemente por las personas a las que se les entregaron los créditos originalmente, aunque deberán crearse opciones para que esto ocurra.
Y si bien la cifra de viviendas “emproblemadas” es menor a un millón, Romero Oropeza destacó que hay más de 4 millones de créditos considerados impagables por las condiciones en que fueron otorgados. Ya en el sexenio pasado se estableció una política de quitas al capital y paso de veces salario mínimo a pesos. Si esto continúa, es necesario darle mayor publicidad; por otro, también debe procurarse que los derechohabientes afectados se acerquen al Infonavit, en el entendido de que se les ofrecerán opciones para que no pierdan su patrimonio.
Pero también se requiere eliminar hasta la raíz la estructura corrupta que ha logrado mantenerse en el Infonavit, que es el personal que se ha beneficiado de la venta de cartera vencida a despachos de cobranza, o por permitir que un fraccionamiento alejado de todo servicio público urbano entre a la canasta de oferta del Instituto. La meta es, finalmente, que la figura del derechohabiente esté al centro de las decisiones y no los intereses a veces no muy claros de desarrolladores y funcionarios.
Edición: Fernando Sierra
