Opinión
La Jornada Maya
01/06/2025 | Mérida, Yucatán
Ana Sheila Camarena López y Bertha Hernández Aguilar
En las últimas décadas, la contaminación del agua en Yucatán ha cobrado relevancia en la esfera pública. Las noticias en radio, televisión y redes sociales informan constantemente sobre esta problemática que inquieta a la población. Un caso reciente es la clausura temporal de la megagranja porcícola en Santa María Chí, debido a que opera sin permiso de descarga de aguas residuales. Este hecho, además de evidenciar la contaminación hídrica en la región, refleja la persistente lucha de las comunidades por los daños a la salud que provoca.
Las fuentes de contaminación son múltiples: desde los residuos generados por granjas porcícolas y avícolas hasta los residuos sólidos del auge inmobiliario, los efectos del Tren Maya, la sobre concesión de pozos, y las descargas ilegales y poco reguladas de aguas negras. Todo esto resultado de una débil supervisión y sanción de los impactos ambientales causados por actividades humanas.
En términos biofísicos, el agua en Yucatán enfrenta problemas graves: eutrofización, presencia de metales pesados, organoclorados y organofosforados. Sumado a la ausencia de drenaje público, la baja eficiencia en el tratamiento de aguas residuales, el uso extendido de agrotóxicos en la agroindustria, y la carencia de medidas para identificar y tratar antiguos pozos artesanales que hoy funcionan como sumideros (Camarena, 2024). Investigaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) han asociado algunos contaminantes a casos de cáncer.
Ante esta situación, el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán organizará en junio el “Primer Foro Regional de Saneamiento para la Sustentabilidad del Agua”, un espacio público que reunirá a expertos académicos y no académicos para abordar la crisis hídrica desde diversas perspectivas. Este foro permitirá tener un diálogo abierto para impulsar propuestas para una mejor gestión del saneamiento del agua en la península.
En este contexto, el agua como bien común es reflejo de las acciones colectivas impulsadas por asociaciones comunitarias, académicas, civiles y organizaciones no gubernamentales. Estos actores han sido semilleros de liderazgo y autogestión para la protección del agua. Como señaló Ostrom (2009), el bien común no es solo un recurso, sino el resultado de reglas e instituciones que permiten su uso sostenible.
Por ello, las políticas de agua deben considerar los múltiples usos (urbano, agrícola, industrial, turístico, patrimonial) y usuarios (rurales y urbanos), en aras de construir una agenda colectiva que garantice la conservación y el acceso justo al agua.
Desde el ORGA, hemos documentado las acciones de monitoreo del agua y educación ambiental realizadas por las y los Ha’kanules. En su experiencia, la gobernanza se concibe como un proceso de toma de decisiones compartidas, de voz en voz, que surge de los aprendizajes y problemas vividos. Esta visión permite una conservación más cercana y contextualizada del agua como bien colectivo.
Las iniciativas ciudadanas han sido clave para contrarrestar algunas de las problemáticas hídricas. Ejemplos de ello son: sistemas de captación de lluvia en comunidades rurales, programas de educación ambiental, monitoreos participativos, manejo de residuos sólidos, campañas de concientización sobre el uso responsable del agua, estudios independientes sobre calidad del agua y salud, limpiezas de cenotes y cuerpos de agua, así como la promoción de técnicas agrícolas sostenibles que reducen el uso de agroquímicos.
Todas comparten el objetivo común de mejorar o revertir las problemáticas del agua en Yucatán. Además, constituyen experiencias valiosas que deben ser observadas y replicadas, pues encarnan una visión distinta del agua: no como mercancía, sino como bien común.
Edición: Fernando Sierra
