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Sara Esperanza Sanz Reyes y Annel Nathalie Reyes Cano

El Consejo municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Mérida fue creado en el 2013, se renueva cada trienio y se encuentra integrado por servidoras/es públicos, organizaciones de la sociedad civil, académicas, ciudadanas y ciudadanos con el objetivo de incorporar a la política municipal una nueva forma de servicio público y de hacer política en colaboración con la ciudadanía diversa. En los últimos seis años han trabajado para transformar la legislación y capacitar al funcionariado para la atención de la comunidad LGBTIQ+. Pero ¿qué relevancia tiene esto en función de la población meridana y para la “buena” gobernanza”?

Entre el 2021 y 2022 se llevó a cabo una encuesta inédita en nuestro país, la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG 2021) mostró el porcentaje nacional de población de 15 años y más que se reconoce a sí misma con orientación sexual y/o identidad de género distinta a la heterosexual-normativa y saber sobre su educación, empleo, servicios de salud, salud emocional, sexualidad, satisfacción personal, entre otros (INEGI,2021). 

Sus principales resultados fueron visibilizar que 4.8 por ciento de la población mexicana se define con una orientación sexual e identidad de género distinta (OSIG LGBTI+), es decir, se siente atraída, romántica o sexualmente hacia mujeres, hombres, personas de ambos sexos u otros; o de no sentirse atraída. Del total 51.7 por ciento Bisexual, 26.5 por ciento Gay u homosexual, 10.6 por ciento Lesbiana, 11.2 por ciento Otra (pansexual, demisexual asexual, etc.). Asimismo, con identidad de género trans (se considera a sí misma hombre o mujer u otro género que puede corresponder o no con su sexo de nacimiento) respondió 0.9 por ciento, 908.6 mil personas. En relación al porcentaje de la población OSIG LGBTI+, Yucatán ocupa el segundo lugar nacional con 8.3 por ciento. 

Otros datos fueron que esta población se percibió con una orientación distinta durante su primera infancia (antes de los 7 años), la primera persona que conoció su orientación fue su madre, y 88.5 por ciento la aceptó, respetó y respaldó. En cuestiones de salud emocional 26.1 por ciento pensaron en suicidarse, tres veces más que alguien heterosexual y 28.1 por ciento vivió rechazo y discriminación en su trabajo. Estos últimos datos son relevantes para reflexionar como sociedad y desde el Estado sobre las medidas que se deben tomar para erradicar la discriminación en todos los ámbitos. 

Por tal motivo, contar con Consejos que promuevan los derechos humanos y mejoren las políticas para promover la inclusión y la no discriminación son vitales. En los últimos años, el consejo meridano ha avanzado con la capacitación de servidores públicos en materia de atención a la diversidad, la eliminación de la prostitución del Reglamento de policía y buen gobierno como un delito que ameritaba una falta administrativa. Se creó el Protocolo municipal de actuación para los casos en los que involucran a personas LGBTI+ y se formó al personal de la policía sobre el mismo. 

Además, en el Reglamento para el respeto y promoción de los derechos humanos se integró a la comunidad LGBTI+ como un grupo en situación de vulnerabilidad para establecer políticas públicas que respeten y no discriminen por preferencia sexual o de género. Finalmente, como parte de sus logros, en esta administración nace la Coordinación para la Diversidad en el Ayuntamiento (Mérida Diversa) como una herramienta que vincule las deliberaciones del Consejo con el quehacer municipal. Estos esfuerzos son acompañados por la sociedad civil, la academia y la ciudadanía interesada en mejores formas de convivencia y respeto a la diferencia. 

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Edición: Fernando Sierra


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