Opinión
José Díaz Cervera
04/06/2025 | Mérida, Yucatán
La elección de funcionarios del Poder Judicial se ha consumado. Sólo faltan las sanciones del Tribunal Electoral para que, jurídicamente, el proceso sea declarado legal, algo que parece inminente. Como quiera, todavía se discuten los ángulos de la legitimidad y de la legitimación de los resultados y en ello vale la pena detenernos para hacer algunas reflexiones.
Tal vez, el talón de Aquiles del asunto se encuentra justamente en la legitimidad de la elección y es allí precisamente donde la oposición enfocó desde el principio una estrategia de combate. Definamos como legitimidad a la condición de genuino de un objeto o de una acción, lo cual nos lleva al segundo concepto (el de “legitimación”), que sería justamente el conjunto de argumentos o factores a través de los que se determina la legitimidad.
En el caso de la elección de funcionarios del Poder Judicial, el mecanismo de legitimación se pone en tela de juicio por la relativamente escasa participación de los votantes en la jornada del domingo pasado (poco más de 13 millones de sufragantes); sin embargo, este argumento se desactiva con el resultado de la jornada electoral de 2024, donde 36 millones de mexicanos votamos por una candidatura que nos proponía la democratización del Poder Judicial.
Del otro lado, habría que cuestionar si el proyecto que en 2025 recibió 16 millones de votos (sumados los de los dos partidos que estuvieron en el poder durante cien años), puede hablar de “falta de legitimidad” cuando a través de la elección de jueces y magistrados se está tratando de acabar con la corrupción, la arbitrariedad, el nepotismo de los que la hoy oposición se benefició sin jamás hartarse.
No, las revoluciones no se hacen en abonos y lo que hoy vivimos se parece a una revolución que —ojalá— tenga los arrestos para ir más allá de los partidos y del simplismo de los colores ideológicos. Había que buscar la democratización del Poder Judicial, aún en contra de las inconsistencias del proyecto e incluso en contra de algunas candidaturas y hasta de nuestra enorme ignorancia y desinformación.
Sin soslayar los riesgos, la apuesta valía la pena porque exigía del ciudadano algo que está en el origen y el corazón de la democracia: información y lucidez. (Está claro que quienes hoy día hablan de la muerte de la democracia y de la “venezolanización o cubanización” del país, están desinformados y por eso no entienden la envergadura de lo que sucedió el domingo pasado).
Se esperaba una afluencia de entre 10 y 12 por ciento del padrón; los primeros resultados apuntan a que se superó 13 por ciento, lo cual es bajo en relación a lo que sucedió hace un año, pero no deslegitima la elección si tomamos en cuenta que no era sencillo normar un criterio de votación y que se requería de un votante cuyo perfil comenzó a reconstruirse a partir del lunes pasado, algo que los partidos políticos ya deberían empezar a considerar, toda vez que el pasado 1° de junio dio comienzo una nueva era en nuestro país.
La jornada electoral del domingo pasado no la deslegitimarán los “Alitos” ni los “Riky Rikines” ni las “Lillys Téllez”; la legitimará la gente cuando en lugar de buscar información sobre la marca de camisas que usa Bad Bunny o sobre el tamaño del pie de Thalía, comience a informarse sobre quiénes serán los candidatos a jueces y magistrados en todos los órdenes del poder judicial, o sobre quiénes gobernarán su municipio, su estado o su país. Entonces jamás tendremos sufragantes mecánicos y de reacción inmediata, sino votantes activos e informados que legitimarán plenamente la jornada del domingo pasado e irán afinando las elecciones del futuro.
No hay revoluciones en abonos ni la democracia es un acto de prestidigitación: ambos son el resultado de un trabajo arduo que ahora demanda mucho más de nuestra condición común de “ciudadanos”.
Edición: Fernando Sierra
