Opinión
La Jornada Maya
11/06/2025 | Mérida, Yucatán
Lo que hace un siglo, o incluso apenas un par de décadas, era considerado un lujo reservado a una élite, se han vuelto servicios básicos y en algunos países la ciudadanía exige que se encuentren enlistados como derechos humanos.
Agua entubada y potable, calles y caminos pavimentados, asistencia médica, transporte público accesible y eficiente, cuidado de la salud, abasto de electricidad y servicio de Internet han pasado precisamente de bienes exclusivos a un mínimo de satisfactores garantes de la calidad de vida de las personas. Y si bien garantizarlos es una función del Estado que se ha extendido, cuando existen fallas, irregularidades o su prestación acumula tantas deficiencias que termina causando daños a quienes debieran ser los principales beneficiados, surgen las protestas que a su vez conducen, potencialmente, a cuestionar la eficiencia del Estado en la gestión de estos servicios; una bandera que esgrimieron en su momento los partidarios del neoliberalismo.
En la península de Yucatán, el verano está asociado a la aplicación de una tarifa más baja por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una política que responde al aumento de la demanda que corresponde al incremento de la temperatura promedio diaria en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, la estación puede denominarse también como “temporada de apagones”, y de pérdida de aparatos electrodomésticos a causa de los altibajos en el suministro.
La afectación no es solamente para los usuarios domésticos. La deficiencia impacta en el servicio de conducción de agua potable, otro servicio cuya demanda se eleva durante el verano. Es frecuente escuchar a los diferentes encargados de los organismos responsables de la distribución del líquido que tras un apagón les resulta imposible encender inmediatamente todas las bombas que dejaron de funcionar abruptamente, puesto que esto tendría como consecuencia el estallido de las tuberías. Así, una falla en la conducción de electricidad ocasiona otra en la distribución de agua; ya no digamos del daño causado a negocios, hospitales, servicios bancarios, y no olvidemos un servicio que se ha vuelto cada vez más indispensable: el acceso a Internet.
No es casualidad que haya protestas por las fallas de la CFE. La generalidad de los usuarios está convencida de que no tiene otra opción para obtener el servicio, toda vez que está contemplado entre las industrias estratégicas del Estado mexicano. Sin embargo, la eficiencia de la paraestatal para realizar una desconexión cuando existe un atraso en el pago. Por otra parte, incidentes como la falla en una planta de cogeneración, que terminó en un apagón que afectó a 270 mil usuarios, o un incendio de pasto debajo de las líneas de conducción de alta tensión localizadas en Chiapas, arrojan luz sobre la fragilidad de la producción y distribución de la energía eléctrica.
Eventos como estos ya no son aislados, y en el sureste del país, las reacciones crecen en intensidad. Así como una gran cantidad de actividades y satisfactores dependen de la energía eléctrica, cualquier fallo en ésta y la tardanza para atender los desperfectos es causa de molestias.
De cierres de carreteras federales y vialidades principales a protestas frente a las oficinas de la CFE, la exigencia es semejante: la paraestatal debe dar mantenimiento a las líneas de transmisión y renovar los transformadores. Nadie está dispuesto a tolerar más de un par de horas sin electricidad. Cualquier tiempo mayor es un freno a miles de negocios e incluso un daño para el fisco, pues resulta hasta imposible emitir una factura.
Se requiere entonces una reforma de gran calado que garantice solidez a la industria eléctrica nacional, pero sobre todo que la actividad resulte en un beneficio real para todos sus usuarios, desde los hogares hasta los grandes negocios, que requieren protección contra los apagones.
Edición: Fernando Sierra
