Ante dichas declaraciones, diferentes usuarios del Va-y-Ven reaccionaron en sus redes sociales en defensa de un sistema de transporte público que, consideran, ha marcado una diferencia en su calidad de vida, temiendo se estuvieran justificando recortes financieros, con una bandera de eficiencia. Destaca la publicación de Charlie López, un usuario de este sistema de transporte, con discapacidad motriz: “Este sistema transformó literalmente mi forma de moverme por Mérida. Pasé de depender de un transporte privado, caro y sin accesibilidad a usar el transporte público con libertad. Ese cambio no es retórico: es vivencia” …Y cuando los funcionarios empiezan con ese discurso, el retroceso se vuelve una opción “técnicamente justificada”.
El año pasado en Argentina, el presidente Javier Milei, igualmente fue altamente criticado, por su recorte al Fondo Compensador al transporte, aumentando con ello el costo del boleto del transporte público 7 por ciento para su ciudadanía en general, así como desapareciendo en algunas ciudades el subsidio del 50 por ciento para grupos sociales vulnerables. La justificación también se basó en la búsqueda de eficiencia económica del gobierno, ante los altos costos del transporte público. Con el incremento de otro 7 por ciento este año, los aumentos tarifarios han superado consistentemente la inflación y el crecimiento salarial, impactando severamente el poder adquisitivo de los usuarios, afectando el consumo en otros sectores del país.
Cabe señalar que, en ambos casos se percibe una creencia de que la eficiencia del transporte público, está basada en su capacidad de autofinanciación total o casi total. Sin embargo, en la mayor parte del mundo, en los temas de movilidad y transporte sustentable, el transporte público es visto como un servicio esencial, que además es una herramienta para combatir inequidades sociales que posteriormente podrían generar mayores costos a la ciudad, sus habitantes y a sus gobiernos. Debido a ello, no es una casualidad que, en la mayoría de las ciudades más avanzadas del mundo, por ejemplo, Nueva York, París, o Curitiba en Brasil, el transporte público trabaje de manera sistemática y planeada, con subsidios y pérdidas económicas.
Jan Bazant (2013) menciona cinco grandes costos sociales y urbanos por la no inversión al transporte público: la congestión vehicular, ligada a pérdidas económicas, por altos tiempos de traslado; la desigualdad social, al dificultar el acceso de grupos vulnerables, a empleos, educación y servicios de salud; deterioro ambiental, al haber congestión vehicular, aumenta la contaminación del aire, y la emisión de gases de efecto invernadero; y con ello, se genera pérdida de salud; finalmente, pérdida de productividad, donde se afecta la competitividad de la ciudad para el funcionamiento de empresas, frenando inversiones.
En Mérida y su zona metropolitana, estamos en un tiempo de grandes cambios en cuanto a la movilidad urbana y sustentable que comenzaron en la administración pasada con la creación de nuevos organismos enfocados al Transporte Sustentable, y que continúan con la administración actual. Es tiempo de retomar los procesos de gobernanza urbana, es una gran oportunidad de trabajar con la ciudadanía, en donde se tome en cuenta una visión de los beneficios sociales que se desean alcanzar a largo plazo, por sobre los costos económicos, en donde haya una construcción conjunta de una ciudad más accesible y justa para todos.
Edición: Fernando Sierra
