Opinión
Normando Medina Castro
09/07/2025 | Chetumal, Quintana Roo
Con políticas públicas adecuadas, marco legal pertinente, mecanismos institucionales y acciones permanentes, se podrá revertir la situación de inseguridad y violencia.
La nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública ahora con facultades de investigación e inteligencia, la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y la
Ley Anti extorsión, cuya iniciativa envió esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión, son herramientas fundamentales para combatir al crimen organizado y a delincuentes comunes que lo imitan.
El crimen organizado es un monstruo de muchas cabezas, diversificó sus actividades y al narcotráfico agregó el narcomenudeo, huachicoleo, secuestro, trata de personas, extorsión y el control de cadenas de producción y comercialización agropecuaria, provocando un daño enorme a la economía nacional, como factores de especulación y encarecimiento de precios de productos como el pollo, el huevo, el limón, etcétera.
El crimen organizado afecta todos los rincones del país como una verdadera plaga contra la población, de manera directa cada vez más. Pasaron de dominar los giros negros con el cobro de “derecho de piso” al control de la trata de personas y la prostitución, sacando provecho de la migración hacia el norte. Crean “plazas” bajo su dominio, con complicidad de autoridades, controlando todo, metiéndose con comerciantes y empresarios cuyo giro es ajeno totalmente a los delincuentes. Los sometieron mediante el terror, homicidios, levantones, secuestros, rafagueo e incendio de negocios. Además sin poder recurrir a las autoridades que muchas veces informaban de las denuncias a los criminales. La impunidad prohijada por políticos, policías, y fuerzas armadas que reciben su “parte de pastel”, todo echado sobre las espaldas de emprendedores, víctimas además de los numerosos y onerosos trámites y la extorsión oficial. El Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch publicó el martes en redes sociales sobre la iniciativa de la Ley anti Extorsión, que tiene el fin de “prevenir, investigar y sancionar” ese delito, incluyendo la reparación del daño. La extorsión ya no es delito simple del fuero común, “la víctima es el Estado que asumirá la responsabilidad para proteger a víctimas, testigos y ofendidos”, ahora será delito que se perseguirá de oficio. Además en el 089 ya se pueden denunciar de manera anónima las extorsiones, con atención especializada y mecanismos para evitar complicidad de autoridades.
En Quintana Roo el crimen organizado tiene presencia activa en los once municipios, aún en la depauperada “zona maya” como se evidencia con levantones y ejecuciones, antes impensables, en José María Morelos el bucólico y apacible “kilómetro 50” y Felipe Carrillo Puerto, ahora atractivos precisamente por su marginación y abandono, útil para bodegas y narcolaboratorios como el que fue localizado en Petcacab. Ha sido virulenta la reacción de los afines a la gobernadora Verde-Morena de Quintana Roo, Mara Lezama, contra el Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional guinda, Andrés Manuel López Beltrán por hacer una reunión a puerta cerrada en la entidad, a la cual no los invitó. Como si los reclamos mediáticos le pesaran al hijo de AMLO. El silencio muchas veces es más rentable, como en las imputaciones directas de la escritora y periodista Anabel Hernández.
En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡Hasta la próxima!
Edición: Fernando Sierra
