Brasil: ¿justicia restituida?

De acuerdo con las conclusiones de la fiscalía de Brasil, el ex presidente golpista Jair Bolsonaro y siete de sus colaboradores deben ser condenado por su pertenencia a una "organización criminal armada, tentativa de abolición del estado democrático, golpe de Estado" y otros delitos. Aunque la decisión corresponde al máximo tribunal de ese país, la imputación misma es un caso edificante de petición de castigo para un individuo que alcanzó la Presidencia merced a los extravíos de la justicia, ejerció el poder de manera autoritaria, antipopular e irresponsable y se resistió a abandonarlo una vez que la voluntad popular le negó un segundo mandato.

El ahora procesado llegó al Poder Ejecutivo en unas elecciones en las que Luis Inácio Lula da Silva se encontraba injustamente preso e imposibilitado para competir una vez más por el cargo, en el marco de una conjura oligárquica y corrupta que logró condenarlo por cargos falsos por mano de un juez que carecía de competencia para juzgarlo: el sórdido Sergio Moro, quien en retribución a sus servicios fue nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro, y quien posteriormente ha enfrentado cargos de prevaricato y desvío de fondos públicos.

Ha de señalarse, asimismo, que los ilícitos por los cuales la fiscalía ha pedido la detención de Bolsonaro tuvieron lugar tras su derrota en las elecciones de 2022, en las que Lula ganó con 50.9 por ciento de los votos. Desde el día mismo de los comicios, hasta la toma de posesión del segundo, hordas ultraderechistas instigadas por el presidente saliente clamaron por un golpe de Estado, incendiaron vehículos, planearon atentados dinamiteros en un aeropuerto y culminaron la intentona el 8 de enero de 2023 –ya con el político progresista en el cargo–, cuando irrumpieron en la Plaza de los Tres Poderes, asaltaron la Cámara de Diputados e intentaron invadir el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia.

Fue inocultable que Bolsonaro y sus huestes habían seguido el guion de la incursión en el Capitolio de Washington del 6 de enero de 2021, azuzada por Donald Trump desde la Casa Blanca en un intento de última hora por impedir que Joe Biden lo sucediera en la jefatura de Estado. De hecho, el ex militar brasileño y el magnate republicano mantienen desde hace años una estrecha alianza y, en protesta por el proceso penal en contra del primero, el segundo ordenó recientemente castigar a Brasil con un incremento de aranceles tan absurdo que prácticamente equivale a acabar con el comercio bilateral.

Lo cierto es que la demanda formal de castigo para Bolsonaro constituye un dato esperanzador ante el alineamiento faccioso y corrupto de los poderes judiciales de buena parte de América Latina con proyectos políticos antidemocráticos, autoritarios y antipopulares; los casos más escandalosos de este fenómeno son, además del mismo Brasil, Argentina –donde la ex presidenta Cristina Fernández cumple una aberrante condena de prisión domiciliaria–, en Perú, cuyo aparato judicial mantiene en la cárcel al ex presidente indígena Pedro Castillo, y Guatemala, donde los intereses más cavernarios y regresivos han orquestado una implacable persecución política dirigida, entre otros, por los fiscales Consuelo Porras y Rafael Curruchiche y por el juez Fredy Orellana; cientos de políticos, periodistas, abogados y funcionarios que combatían la corrupción han sido encarcelados u obligados al exilio por esa conjura que busca, en última instancia, deponer al presidente Bernardo Arévalo.

Con ese telón de fondo, es pertinente hacer votos por que el Tribunal Supremo de Brasil no se sume a esta tendencia nefasta y emita un fallo condenatorio contra Bolsonaro. Y cabe felicitarse, asimismo, por el triunfo de la reforma que ha permitido a nuestro país iniciar un saneamiento democrático de su propio Poder Judicial.

Edición: Ana Ordaz