Opinión
La Jornada
21/07/2025 | Ciudad de México
En la segunda marcha contra la gentrificación que se efectuó ayer en el sur de la Ciudad de México destacó la exigencia de cancelar el megaproyecto Fuentes Brotantes 134, a la vez que se retomaron algunas consignas del acto del pasado 4 de julio, incluida la denuncia de este fenómeno como una forma de despojo. Aunque los participantes de la protesta realizada en el tramo de avenida Insurgentes que va del monumento al Caminero a Ciudad Universitaria llamaron a manifestarse de manera pacífica, algunos de los asistentes hicieron pintas y destrozos.
Las dos marchas contra la gentrificación que han tenido lugar este mes son indicativas de la acumulación de agravios que padecen los habitantes de recursos medios y bajos a medida que la capital del país se consolida como una metrópoli global bajo una lógica de mercado intrínsecamente excluyente. Mientras residentes nacionales y extranjeros de ingresos altos disfrutan todos los beneficios de una urbe donde no deja de crecer la oferta gastronómica, cultural, de entretenimiento y de servicios médicos y educativos de alta calidad, los sectores populares experimentan este auge como un incremento acelerado en el costo de la vida, especialmente dramático en el caso de la vivienda.
Si bien es difícil agregar todos los datos de inmuebles en alquiler, un estudio encontró que entre 2020 y 2025 el precio promedio de rentar un departamento en la Ciudad de México pasó de 12 mil 85 a 17 mil 610 pesos al mes. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sueldo promedio de un trabajador formal asciende a 18 mil 864 pesos, por lo que la totalidad de los ingresos de un asalariado se irían sólo en el pago del alquiler.
Para la mitad de los trabajadores que laboran en el sector informal la vivienda es simplemente inalcanzable. Transitar del alquiler a la propiedad es una quimera para los capitalinos: en 2023, el precio promedio de los inmuebles habitacionales era de 4 millones 700 mil pesos, pero quienes necesitan un hogar no puede desembolsar más de un millón 200 mil pesos, cifras que hablan, además, de la incapacidad del mercado para ofrecer soluciones a las grandes mayorías.
En este escenario, cabe saludar que los gobiernos federal y capitalino reconozcan la problemática y emprendan acciones decididas a fin de devolver a los ciudadanos el derecho a la ciudad, es decir, a habitar el espacio urbano con justicia social, equidad y democracia. Al presentar el Bando 1: Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo local, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ratificó su voluntad de combatir la gentrificación, que definió como la expulsión de habitantes y negocios locales por otros de mayor poder adquisitivo y encarecimiento desmedido de las rentas. Entre las 14 acciones y estrategias del programa se incluyen algunas tan urgentes como asegurar que las rentas habitacionales no tengan aumentos superiores a la inflación, fortalecer la regulación de la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia, impulsar la vivienda social, ampliar el programa de vivienda pública en alquiler para sectores prioritarios, crecer el programa de vivienda nueva progresiva (consistente en créditos sin intereses para ampliar casas conforme las familias crecen), y crear el Plan Maestro de Planeación, entre otras. Varias de estas políticas ya se encuentran en marcha y han favorecido a decenas de miles de personas excluidas de la vivienda de los mecanismos de mercado, pero su articulación y fortalecimiento es una oportunidad para detener el proceso de desplazamiento que, como señala la mandataria capitalina, expulsa a 30 mil familias cada año.
Como tienen claro los participantes en las marchas contra la gentrificación y los ciudadanos que protestan contra las diversas modalidades de especulación inmobiliaria, lo que se encuentra en juego es si se normaliza el manejo de la vivienda como una mercancía más cuyo acceso se determina por el poder adquisitivo de los consumidores, o si se pone freno al lucro privado indebido a fin de respetar su condición de derecho humano garantizado por el Estado.
Edición: Ana Ordaz
