Colombia: justicia, al fin

El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por manipular y comprar testigos para que modificaran sus testimonios en otro proceso que se le seguía por nexos con el paramilitarismo. La jueza Sandra Heredia consideró probado que el también ex senador, ex gobernador y fundador del partido político de ultraderecha Centro Democrático sabía lo ilícito de su actuar en las maniobras que realizó por conducto de su abogado, pero no encontró suficientes pruebas para condenarlo por el delito de soborno simple a una fiscal.

Aunque la sentencia se dará a conocer este viernes 1º de agosto y todavía puede ser impugnada en al menos dos instancias, Uribe es ya el primer ex mandatario colombiano en ser condenado por la justicia. El fallo resulta histórico por varios factores, pues no sólo representa un triunfo contra la impunidad de quien ocupó el escalón más alto del gobierno, sino también sobre el conjunto de una oligarquía que por décadas ha regido los destinos del país con puño de hierro mediante el control y la confusión deliberada del poder político, económico y mediático. Para esa élite acostumbrada a dictar la ley y a vivir por encima de ella, la condena de Uribe se experimenta como una afrenta personal, como el final de una era y el inicio de una democratización que le es insoportable.

Al mismo tiempo, las víctimas del uribismo contemplan con frustración que el ex presidente sea sentenciado por delitos que ni siquiera garantizan su encarcelamiento, cuando sobre él pesan acusaciones que deberían llevarlo al estrado como criminal de lesa humanidad. Sólo en este momento, Uribe tiene abiertos 28 procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y más de 180 denuncias en la Comisión de Investigación y Acusaciones del Legislativo, entre las que se cuentan auspicio y conformación de grupos paramilitares, homicidios, masacres y fraude electoral. En su casi medio siglo de vida política, se le ha señalado por usar sus cargos para facilitar los vuelos de los narcotraficantes, dar la protección del ejército a los asesinos armados y financiados por su familia y participar directamente en la conformación de grupos paramilitares, escuadrones de exterminio financiados y dirigidos por terratenientes, empresarios y políticos para liquidar tanto a las guerrillas como a los campesinos y activistas que se oponen al despojo de tierras, la minería depredadora y otras prácticas de violencia contra las comunidades y el medio ambiente.

Como presidente, instituyó un siniestro programa de recompensas para los soldados que entregaran cadáveres de guerrilleros, con lo que desató la crisis de los falsos positivos: civiles inocentes asesinados por las fuerzas armadas para cobrar el botín. A estas conductas ha de añadirse la destrucción de derechos laborales, su papel en la gestación de la crisis con Venezuela, la erosión de la soberanía por su entreguismo a Washington y otros daños de los que Colombia está lejos de haberse recuperado.

Pese a este historial, la lealtad incondicional de los oligarcas que poseen la totalidad de los medios de comunicación le ha permitido mantener importantes simpatías dentro de la sociedad colombiana y hasta la fecha es una de las figuras más poderosas e influyentes del país. Por ello, no está claro si la comprobación de que manipuló testigos se traducirá en un costo político significativo para su partido y aliados o si, por el contrario, facilitará a las derechas construir un relato de victimización y persecución en torno a quien ha sido un feroz represor y perseguidor de la disidencia. En esta ecuación sin duda desempeñará un rol significativo el golpeteo que ya se hace sentir desde Washington, donde prominentes legisladores republicanos exigen a la Casa Blanca castigos colectivos contra Colombia por el atrevimiento de sentar en el banquillo a quien consideran uno de sus principales aliados en América Latina.

A la espera del desarrollo ulterior de los acontecimientos, es necesario felicitar al pueblo colombiano por este verdadero hito de la justicia que rompe con una impunidad de apariencia monolítica, así como desearle sabiduría y fortaleza para resistir los embates que sin duda prepara, con apoyo de sus aliados foráneos, una oligarquía local que se encuentra tocada pero muy lejos de haber sido vencida.

 Edición: Ana Ordaz