Opinión
La Jornada
31/07/2025 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, en materia del combate al trasiego de drogas entre México y Estados Unidos, “cada país debe atender su responsabilidad para disminuir violencia, consumo y delitos”. En particular, la mandataria destacó que de este lado del río Bravo “se ha cumplido con el desmantelamiento de narcolaboratorios y otras acciones contra el crimen organizado, pero además la frontera ‘alguien’ distribuye la droga, la vende y realiza operaciones de lavado de dinero”.
En sus breves declaraciones al respecto, exhibió uno de los pendientes históricos de la “guerra contra las drogas” en la que Washington ha insistido desde hace siglo y la que ha arrastrado por los países de América Latina, y es el consumo interno como catalizador del problema: “Los cárteles de la droga no existen si no hay quien compre”, dijo.
Además, mencionó que se requiere una estrategia conjunta en torno al tratamiento de las adicciones que, en términos prácticos, inicien desde dentro del país donde más se abusa de sustancias ilícitas. Asimismo, aunque la presidenta Sheinbaum no abundó en este aspecto, es incuestionable que el combate a la distribución se ha de centrar en los mercados, sobre todo los narcomenudistas, que muchas veces se también usuarios y por lo general provienen de las sectores más marginados de la población.
De este modo, más que una estrategia contra la criminalidad, los gobiernos estadounidenses han encabezado una política de criminalización sistemática de la pobreza en la que no sólo se generan grandes fortunas detrás de un negocio multimillonario, sino que se persiguen primordialmente a los pequeños delincuentes aislados.
A estos inexplicables descuidos por parte de un Estado que otorga a la industria de armamento una alta prioridad en sus exportaciones, deben añadirse las extraordinarias facilidades para que los capitales del narcotráfico se instalen financieramente y no una regulación útil de los paraísos fiscales. Lo anterior fue documentado en informes oficiales del Departamento del Tesoro, el cual estima que 300 mil millones de dólares son lavados cada año en el país.
En diciembre de 2021, la entonces secretaria del Tesoro, Janet Yellen, admitió que “ahora mismo, el mejor lugar para ocultar y blanquear las ganancias indebidas es en realidad Estados Unidos; y eso se debe a la forma en que permitimos que se establezcan empresas ficticias, sin revelar quién es el verdadero propietario”.
Hay más. La Casa Blanca y los órganos de inteligencia estadounidenses suelen deliberadamente omisos en el tráfico de armas de fuego y centenares de miles de armas de fuego que se venden legalmente en el país a la población civil y desde ahí a los cárteles de México y el resto de Latinoamérica. Por si fuera poco, la industria farmacéutica ha sido uno de los negocios con mayor margen de utilidad en las últimas décadas, incluso en medio de severas crisis económicas. Las grandes empresas han sido señaladas por inducir al consumo con prácticas monopólicas y cabildeo para comercializar y publicitar fármacos altamente adictivos como si se tratase de sustancias inofensivas.
Por último, la pretendida guerra contra las drogas de Washington se encuentra instalada en el corazón mismo de su política exterior, mediante la cual la Casa Blanca exige evaluaciones o “certificaciones” en torno a sus socios económicos y geopolíticos. Ello les concede no sólo el derecho de dudar de que las acusaciones infundadas que sus agencias de inteligencia estadounidenses acompañó de golpeo mediático y político deban ser acatadas sin protestas ni evidencia, sino también la facilidad de interrumpir ayuda económica o militar y condicionar el acceso de recursos externos en cualquier ámbito, ya sea económico o estratégico.
En suma, Washington carece de autoridad moral para exigir a México o cualquier nación que modifique su política antinarco. En cambio, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha delineado una estrategia integral y tiene mucho que hacer en su propio terreno. Una parte de la lucha antidrogas debe ir acompañada de la voluntad real de cambiar de fondo el modelo prohibicionista y atreverse a redefinir las bases desde las cuales el hegemón ha facultado evaluar el desempeño de terceros.
Edición: Emilio Gómez
