Por primera vez desde que el movimiento identificado como la Cuarta Transformación llegó al gobierno de México, en 2018, se ha hecho explícito el reconocimiento de que al menos legalmente ya se alcanzó una recomposición del Estado-Nación que llevaba por lo menos tres décadas gestándose, y que ya se encuentra en la Constitución.
En Amealco de Bonfil, Querétaro, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que por primera vez, los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido reconocidos por la Carta Magna. Esto no es cosa menor. Implica un cambio de paradigma en la integración de la nación, entendida como la parte de la población que participa en la vida política del país, así como en su relación con el Estado.
“Hay cuatro niveles de gobierno: federal, estatal, municipal y por primera vez, el de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, ha indicado la Presidenta. Cabe recordar que, tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994 en Chiapas, uno de los argumentos esgrimidos por los partidarios de la represión fue que el reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas era equivalente a crear un país dentro de otro.
Lo que se ha dejado atrás es la idea de que el ejercicio de la ciudadanía es exclusivo de un grupo homogéneo de personas, una élite si se quiere, con características que harían que los derechos políticos fueran de difícil acceso para la gran mayoría. Ahora, además de la asignación directa de recursos para las comunidades en cuestión, se busca que éstas se incorporen plenamente a la nación previo reconocimiento de que existen diferencias que anteriormente limitaron el acceso de estos sectores sociales a los espacios de toma de decisiones.
El reconocimiento de los derechos políticos de estas comunidades ha tenido como consecuencia una serie de conflictos cuando se trata del establecimiento de desarrollos inmobiliarios y otras inversiones en varias poblaciones. Y no es que esto no se previera, sino que es resultado precisamente del cambio de paradigma, puesto que anteriormente lo que se reconocía eran los derechos de los inversionistas, muchas veces ignorando serias irregularidades en los procedimientos para obtener los terrenos en los que se desarrollarían los proyectos, mayormente extractivos y de poco beneficio directo para los grupos indígenas y afrodescendientes.
Mientras, que existan instancias como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas es muestra de que desde el Estado se pretende fortalecer a estas comunidades y que ser indígena o afrodescendiente deje de estar asociado a condiciones de miseria.
Ahora bien, para superar por completo el paradigma anterior, que viene del siglo XIX, es necesario que la ciudadanía se abra más espacios de participación y práctica democrática, entendiendo que esta debe darse en un ambiente en el que impere el respeto a las diferencias entre quienes se integren a ellos; de esa manera deberá superarse el racismo, al igual que las expresiones clasistas y sexistas. Se escucha difícil, pero lo que quedó plasmado en el artículo segundo de la Constitución se consiguió casi 30 años después del inicio de una lucha que aún no termina.
