La participación ciudadana en Yucatán: entre la tradición democrática y los nuevos desafíos electorales

Abner Martínez Chiclin

Yucatán ha sido históricamente reconocido como uno de los estados con mayor participación ciudadana en los procesos electorales. Diversos medios han subrayado esta característica, que ha consolidado la identidad cívica de los yucatecos como especialmente comprometidos con la democracia participativa. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en los comicios presidenciales de 2000, 2006, 2012 y 2018, las tasas de participación en Yucatán alcanzaron 72 , 66.6, 77.5  y 74.5  por ciento, respectivamente. Este comportamiento sobresaliente refleja un elevado involucramiento ciudadano en el ámbito electoral.

En contraste, las elecciones intermedias de 2021 presentaron una participación del 62.9 por ciento, según el INE, evidencia de una disminución notable en el compromiso ciudadano, aunque aun así considerable la participación.

Sin embargo, en el Proceso Electoral 2023-2024, cuya jornada tuvo lugar el 2 de junio de 2024, Yucatán retomó el liderazgo nacional con una participación de 71.4 por ciento, de acuerdo con el Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2023-2024, esta recuperación situó a Yucatán nuevamente como referente democrático en el país.

A partir del año 2025, en virtud de una reforma constitucional, se confirió al INE la responsabilidad de organizar los procesos electorales mediante los cuales la ciudadanía elige a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito estatal, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), en coordinación con el INE, tuvo a su cargo la organización de las elecciones extraordinarias celebradas el 1 de junio de 2025. En dicha jornada electoral, tanto en el ámbito federal como en el estatal, se eligieron un total de 45 cargos judiciales.

No obstante, estas elecciones extraordinarias arrojaron una participación significativamente más baja: el INE estimó a nivel nacional una participación de entre 12.57 y 13.32 por ciento, ubicando dichos comicios como algunos de los menos concurridos desde que existe el sistema electoral democrático actual. En comparación, la Consulta de Revocación de Mandato de 2022 alcanzó una participación de 17.77 por ciento, lo que, aunque insuficiente para ser vinculante (ya que el umbral era del 40 por ciento), reflejó un mayor interés cívico que los comicios judiciales.

En dicho ejercicio, Yucatán destacó con una participación del 21.53 por ciento, ocupando el 8° lugar a nivel nacional. No obstante, en la reciente elección judicial de 2025, su participación cayó a aproximadamente 12.7 por ciento, apenas por debajo del promedio nacional pero aún superior al de entidades como Guanajuato, Jalisco o Nuevo León, y significativamente inferior a los estados con mayor afluencia, como Coahuila, Durango o Veracruz. En términos relativos, esto posicionó a Yucatán en un rango medio-alto dentro del ranking nacional, aproximadamente en el 10° lugar entre las 32 entidades federativas, lo que representa una caída considerable respecto a su pasado liderazgo electoral.

La Elección Extraordinaria del Poder Judicial del Estado, aunque histórica, no despertó un nivel de compromiso ciudadano comparable al de jornadas anteriores. La diferencia entre la participación del 72 por ciento en 2024 y el 12.7 por ciento en 2025 pone en evidencia un distanciamiento entre la ciudadanía y estos nuevos mecanismos democráticos, lo cual exige una reflexión profunda.

Si bien las circunstancias en la que se desarrolló esta elección fueron excepcionales (por su naturaleza inédita, difusión limitada y el desconocimiento sobre la función judicial entre el electorado) resulta preocupante que una sociedad como la yucateca, conocida por su alto compromiso cívico, no lograra mantenerse como referente nacional.

De esta manera, resulta esencial que las autoridades electorales locales, junto con instituciones académicas, medios de comunicación y la sociedad civil, desarrollen estrategias efectivas para fortalecer la cultura democrática y aumentar la comprensión ciudadana en torno a procesos electorales menos conocidos. Revitalizar la participación es un compromiso ineludible, tanto institucional como ciudadano: la democracia exige no solo la existencia de mecanismos, sino su ejercicio consciente y activo.

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