Opinión
La Jornada Maya
24/08/2025 | Mérida, Yucatán
El fin de semana marcó a Yucatán por dos hechos en los cuales la autoridad municipal ha quedado en entredicho. En la noche del viernes 22, un grupo de vecinos de Tzucacab, tras una marcha en demanda de justicia por la muerte de Ángel Alejandro, ingresó al Palacio Municipal, causó destrozos y prendió fuego al inmueble. El mismo día, los policías de Telchac Puerto renunciaron a su empleo, luego de que el alcalde, Alfonso Núñez Muñoz, ordenara la liberación de Jair A. Ch. U., quien fue detenido por conducir a exceso de velocidad una motocicleta sin placas, presuntamente tras platicar con la madre de este joven, de quien se indica fue una de las principales financiadoras de la candidatura de Núñez Muñoz.
Aunque los hechos son diferentes en cuanto a responsabilidades, puestos en perspectiva son evidencia de que las corporaciones policiacas municipales son los eslabones más débiles en la estructura de seguridad del estado. Por principio está el número de elementos adscritos: en Telchac Puerto, fueron nueve personas las que renunciaron a su empleo, quienes deben ser los primeros respondientes para una población de poco más de mil 900 habitantes, según el censo de 2020.
Los municipios en cuestión guardan características muy diferentes: Telchac Puerto forma parte del antiguo Partido de la Costa, mientras que al sur, Tzucacab posee una larga historia como población limítrofe desde tiempos de la Guerra de Castas de Yucatán.
En el municipio costero, de resultar cierto lo que alegan los agentes del orden para renunciar a su cargo, la dimisión obedece a que el propio superior jerárquico los desautorizó públicamente tras haber hecho una detención justificada contra alguien que exhibió prepotencia, clasismo, les insultó, y además resultó reincidente, por obedecer a quien pagó parte de su campaña. Al momento, Telchac Pueblo cuenta ya con nuevos policías, mas el relevo deja un amargo sabor de boca.
En Tzucacab, mientras tanto, los reclamos vienen de muy lejos. Ángel Alejandro C. C. falleció en la cárcel municipal en circunstancias sospechosas, pero que bien podrían ser resultado de un conjunto de irregularidades que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) lleva varios años reportando sin que se haya informado de la implementación generalizada de protocolos para con las personas detenidas en los municipios yucatecos. Ángel Alejandro fue detenido el lunes, por presuntamente alterar el orden público en estado de ebriedad y lanzar consignas contra el alcalde, Eric Fernando Ku Caamal. La mañana del martes, supuestamente, fue hallado muerto y se dijo a sus familiares que se había ahorcado, aunque esto ocurrió varias horas después del fallecimiento.
Lo que queda claro es que la operación de la cárcel municipal carece de los más mínimos controles, pues no quedan constancias del estado de salud de Ángel Alejandro al ingresar a las celdas, ni de la presencia de alguna sustancia enervante en su organismo; tampoco si hubo algún agente del orden responsable de vigilarlo mientras estuviera detenido, y que en todo caso pudiera evitar que alguien más ingresara con la finalidad de hacerle daño, algo que se da por protocolo para protección tanto de los presos como de los propios policías. Urge, sí, una investigación clara sobre las circunstancias de esta muerte, y sobre todo que establezca si ésta pudo haberse evitado.
Según ha dejado saber el secretario General de Gobierno, Omar Pérez Avilés, el alcalde de Tzucacab ya interpuso una denuncia, pero ésta es por los hechos derivados de la protesta, no por la muerte de quien se encontraba detenido y bajo la custodia de la municipalidad.
Lo que tenemos es que por un lado, los policías municipales pueden ser ninguneados por alcaldes y regidores, y por otro, los respectivos cabildos han hecho muy poco por fortalecerlos mediante la profesionalización, capacitándolos continuamente. Esto porque en numerosas demarcaciones, el empleo de policía está sujeto a vaivenes electorales; no porque se le deba elegir mediante el voto, sino porque cada nueva administración despide a los que encuentra porque “no son mi gente”.
Puede ser coincidencia que estos sucesos hayan ocurrido en el mismo fin de semana y que en verdad se trate de hechos aislados que no afectan la percepción generalizada de que Yucatán es el estado más seguro de México. Sin embargo, deja ver que las policías municipales son sumamente vulnerables, tanto por la falta de apoyo de sus jefes como por las grandes carencias en capacitación con que operan; esto puede ser el resquicio por el que pueden surgir problemas mayores.
Edición: Fernando Sierra
