Opinión
La Jornada Maya
20/08/2025 | Mérida, Yucatán
El segundo semestre de 2025 ha sido sumamente activo por parte de los organismos que elaboran estadísticas, las cuales han dado a conocer en diferentes reportes desde mediados de julio. Las mediciones que han recibido mayor atención han sido las relativas al poder adquisitivo de las personas y las asociadas al combate a la pobreza, como es el caso ahora de la elaborada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Ifigenia Martínez y Hernández (CEFP), de la Cámara de Diputados, que en un conteo vincula la población indígena del país en situación de pobreza, con quienes resultarán beneficiarios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), para la ejecución de obras en sus comunidades.
La presentación contiene datos importantes para la península de Yucatán, de la que da a conocer que alberga al 7.9 por ciento de la población indígena en situación de pobreza, lo que equivale a 616 mil 918 personas repartidas entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y a quienes se les destinarán 598.2 millones de pesos del FAISM.
Lo llamativo es también cuántas personas que se identifican como indígenas se encuentran en situación de pobreza, de acuerdo a la definición oficial, que obedece a un listado de carencias: rezago educativo, en seguridad social, salud, espacios básicos de vivienda y calidad de la misma, y alimentación nutritiva y de calidad.
Aquí, los números contrastan:
Según lo presentado por el CEFP, en Yucatán hay 372 mil 615 indígenas en situación de pobreza, siendo que el total de esta población, según el censo de 2020, era de 482 mil 667 personas. En Quintana Roo, esta situación afecta a 150 mil 416 personas, de las 190 mil 446 reportadas en 2020, y en Campeche ocurre otro fenómeno: la población indígena en situación de pobreza es superior (93 mil 887 habitantes) a la que se identificó como tal en el conteo de hace cinco años, que arrojó 84 mil 510 personas.
Todavía en abril de este año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), refirió que 22 de los 32 estados del país concentran 889 municipios en los que convergen la alta concentración de población indígena con la condición de pobreza, dándose la unión de dos elementos fundamentales de la desigualdad en México: la etnicidad y la situación de pobreza, asociados a su vez a lo rural; de manera que el destinar al menos el 10 por ciento de los recursos del FAISM para realizar obras en esas comunidades, es un acto de justicia social.
Por su parte, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha destacado que, de acuerdo con la medición de la pobreza multidimensional del Inegi, entre 2018 y 2024, el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador la población originaria en situación de pobreza disminuyó 9.5 por ciento; pasando de 70.3 a 60.8, lo que correspondería a alrededor de 500 mil personas. Esto, principalmente, gracias a la mejora en el ingreso para ellos.
Lo que se observa entonces es que esta reducción de la pobreza entre la población indígena mexicana no ha sido igual para todos los estados y, en cambio, se mantiene, en general, en un razón que afecta a prácticamente tres de cada cuatro pobladores originarios; como indica el reporte del CEFP, de 12.8 millones de personas viviendo en hogares indígenas, 7.8 millones se encuentran en situación de pobreza.
Aún hace falta asomarse a las diferencias en la afectación: Expresiones como las de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, con respecto a ser mujer, indígena y pobre, siguen estando asociadas a condiciones de vida injustas, pero sobre todo insuperables. Que esto sea en verdad el destino para casi 8 millones de personas, eso sí sería lo peor.
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Edición: Estefanía Cardeña
