La capital yucateca enfrenta un crecimiento acelerado y una expansión territorial significativa hacia sus comisarías y municipios aledaños. Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), actualizó la lista de demarcaciones que conforman la Zona Metropolitana de Mérida, un total de 14, en los cuales se concentra más de la mitad de la población de la entidad, es decir, 1.3 millones de personas.
Lo anterior, aunado a los megaproyectos de infraestructura que se llevan a cabo en el sureste mexicano, ha provocado una transformación profunda del uso del suelo, creando subcentros urbanos y fragmentación territorial que impacta las formas tradicionales de vida y el patrimonio cultural de comunidades rurales en la periferia de Mérida y municipios como Kanasín, Conkal, Umán, Ucú y Progreso.
En las últimas semanas, habitantes de Xcucul Sur, Petecbiltún y Hotzuc, en Umán, y San José Tzal y Texan Cámara, en Mérida, han denunciado afectaciones en sus viviendas y salud a causa de los bancos de materiales que utilizan explosiones para extraer material pétreo, los cuales se han instalado en las inmediaciones de estas comunidades.
A la pérdida de los territorios ancestrales de los pueblos mayas y los conflictos sociales derivados de las obras de infraestructura, como la expansión inmobiliaria y el Tren Maya, se suma la falta de planeación metropolitana integral y coordinada que acentúa la vulnerabilidad de estas poblaciones, situación que pone en evidencia la urgencia de un enfoque que permita atender sus necesidades.
El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas destaca a la gobernanza como una herramienta esencial para la resolución de conflictos sociales, al basarse en principios de transparencia, rendición de cuentas, eficacia e inclusión. En contextos complejos en los que las comunidades mayas se ven afectadas por decisiones sobre sus tierras, territorios y recursos, una buena gobernanza implica garantizar su participación plena y efectiva en los procesos decisorios, respetando su derecho a la libre determinación y a establecer sus propias formas de autogobierno y autoridades.
Esta debe sustentarse en la consulta previa, en su propio idioma, libre e informada, especialmente en proyectos que impactan directamente a sus espacios de vida, asegurando así que las soluciones sean justas, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos. Sin embargo, incluso se realicen en su lengua y apegadas a los procedimientos establecidos, deben seguirse mecanismos claros para la implementación de los acuerdos y atender las inquietudes manifestadas.
La gobernanza constituye un elemento fundamental para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, dado que promueve mecanismos de participación inclusiva, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los territorios y recursos naturales. Implica reconocer y respetar la autonomía y las formas tradicionales de organización de estas poblaciones, abriendo espacios para que ejerzan su derecho a la libre determinación, contribuyendo activamente en la toma de decisiones que afectan su entorno y su modo de vida, lo cual es indispensable para preservar su identidad cultural y sus derechos colectivos.
Asimismo, la gobernanza basada en el consentimiento informado y la consulta previa constituye un instrumento clave para evitar conflictos y mitigar los impactos negativos de las intervenciones urbanísticas y extractivas, contribuyendo a que se efectúen de forma justa y sostenible, asegurando un desarrollo urbano equitativo y sostenible que promueva el bienestar social y ambiental de toda la región.
