Opinión
La Jornada
03/09/2025 | Ciudad de México
La flota naval enviada por Estados Unidos al sur del Caribe para amedrentar a Caracas atacó una embarcación supuestamente dedicada al tráfico de drogas y asesinó a sus 11 tripulantes. El presidente Donald Trump afirmó que el navío había partido de Venezuela y que las víctimas pertenecían al grupo criminal Tren de Aragua, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, habló de una “organización narcoterrorista designada” para justificar la letalidad de la operación. Por su parte, el ministerio de Comunicación e Información venezolano puso en duda la autenticidad de las imágenes difundidas por Washington y señaló como muy probable que hayan sido generadas por aplicaciones de inteligencia artificial.
Sin importar si se comprueba o desmiente que los tripulantes se dedicaban al trasiego de drogas o que el navío hubiera partido de Venezuela, el hecho es que 11 personas fueron masacradas sin que representaran peligro alguno para el buque estadunidense y sin que se intentara siquiera su captura y presentación ante la justicia, que es lo procedente en un Estado de derecho: a los delincuentes se les detiene y se les enjuicia; no se les ejecuta a sangre fría. En este sentido, el episodio constituye un inquietante recordatorio de las implicaciones de incluir a cárteles (reales o imaginarios) en la lista de organizaciones terroristas extranjeras elaborada por la dependencia que encabeza Rubio: se trata de una medida que desplaza la cooperación policial hacia lógicas de guerra y habilita el uso de fuerza letal extraterritorial con una laxitud incompatible con el derecho internacional y los derechos humanos. La sustitución del debido proceso por operaciones militares sumarias normaliza el abuso de poder dentro de Estados Unidos y el despliegue de prácticas neocoloniales en el resto del mundo.
Horas antes de que se diera a conocer esta agresión, Trump afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado el envío de tropas estadunidenses a territorio mexicano porque está muy asustada por los cárteles, que, sostuvo, dirigen México. Estas aseveraciones son completamente falaces, además de ofensivas y contrarias a la civilidad que debe regir las relaciones internacionales, máxime entre naciones que se dicen aliadas y comparten la mayor relación comercial del planeta. La mejor prueba de su falsedad es que desde hace años el gobierno de México ha hecho mucho más contra el narcotráfico que su par estadunidense: mientras aquí se registran decomisos récord de estupefacientes, precursores para su elaboración y laboratorios criminales, la Casa Blanca facilita el tráfico de armas que mantiene en pie al crimen organizado y profundiza el marco legal que hace de Estados Unidos uno de los mayores centros de lavado de dinero a nivel global, como admiten las propias autoridades financieras de ese país.
Es imperativo condenar en los términos más enérgicos tanto la matanza como la lógica injerencista detrás de ella, así como las declaraciones irresponsables de Trump y sus funcionarios. Corresponde exigir una investigación independiente sobre la masacre, garantías de no repetición y establecer una postura unánime en torno al respeto irrestricto a la soberanía y los derechos humanos en todo operativo de combate a la delincuencia. Hasta los gobernantes latinoamericanos más cercanos al trumpismo deben apreciar que el hemisferio entero queda en riesgo si se naturaliza la idea de que la “guerra contra las drogas” y la etiqueta del “narcoterrorismo” facultan a una potencia extranjera a realizar ejecuciones extrajudiciales.
Por último, vale preguntarse si es pertinente recibir en México a Marco Rubio, un personaje abiertamente comprometido con el derrocamiento de los gobiernos que no se someten a Washington, el racismo, la xenofobia y la violencia de Estado, antivalores que no tienen cabida en nuestro país.
Edición: Estefanía Cardeña
