El pasado lunes primero de septiembre tomaron posesión las y los nuevos ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los distintos aspectos que se han enfatizado destacan la presencia y
elección de Hugo Aguilar -Abogado de origen indígena- así como la
ceremonia de purificación y entrega de bastón de mando por parte de representantes de pueblos originarios. Entre los comentarios que en distintas redes sociales se han expresado que podemos encontrar muestras de apoyo, felicitaciones, pero también denostaciones, insultos y burlas: “Felicidades a nuestro HERMANO”, “Habemus saila (hermano), un puente sólido hacia la debida justicia indígena. De acá de tierras yaquis…”, “El circo de los ignorantes”, “ve los chamanes, a pura magia van a resolver sus temas…”, “chamanismo, brujería y demás sandeces”.
Los comentarios expresan desde esperanza de cambio en las relaciones entre Estado y sociedad -particularmente en el ámbito de impartición de justicia-, hasta la reproducción de un desconocimiento, prejuicios y discriminación hacia las poblaciones originarias y sus respectivas prácticas culturales.
A mi consideración, es muy claro de donde viene la esperanza de una nueva era, basta con (re)conocer el tipo de relación establecida entre el Estado y los grupos originarios para entenderla. Cómo olvidar que durante gran parte de la historia del Estado mexicano moderno -siglo XIX y XX- el objetivo de éste fue desindianizar al país, eliminar todo aquello que fuese considerado un “lastre” para la construcción de una nación moderna. Durante mucho tiempo, el indígena fue un “problema de Estado”, nunca considerado como sujeto de diálogo, como posibilidad real de construcción de nación, como sujeto con agencia y derechos a respetar.
La historia de exclusión llevó a las poblaciones originarias a ejercer presión sobre la figura del Estado, reclamando y demandando la posibilidad de la autodeterminación, restitución y control de tierras -entre otras posibilidades-. De ahí que el Estado buscara dar una respuesta, la cual encontró en el multiculturalismo neoliberal, un enfoque que si bien reconoce formalmente la presencia/existencia de grupos étnicos al interior de la nación, termina por ser un reconocimiento superficial o simbólico -por no decir utilitario-. Como señala Saavedra (2002), del multiculturalismo neoliberal se desprenden políticas que privilegian la diversidad y diferenciación cultural, al mismo tiempo que reducen la cuestión étnica a un asunto cultural. En otras palabras, se expresa una visión instrumental de la diversidad étnica para fines políticos, sociales y económicos.
Derivado de lo anterior me pregunto: ¿estamos ante una nueva era para el sistema de Justicia, y en términos más amplios, para la relación Estado-sociedad en México? Siendo pesimistas podriamos decir que no, que lo acontecido no es más que la muestra y reproducción de algo que se viene haciendo desde inicios del siglo XXI, utilizar lo indígena y a los indígenas como instrumento legitimador de ciertas decisiones tomadas de manera unilateral, vertical. Si nos ponemos optimistas, tendriamos que esperar más tiempo para atestiguar de que efectivamente el Estado genere una práctica de gobierno más allá del multiculturalismo neoliberal y comience a adoptar prácticas interculturales que posibiliten mirar, organizar y relacionarse con la sociedad de una forma distinta a lo que hasta la fecha se ha gestado. En ambos casos se puede decir que, desafortunadamente hoy, no estamos ante una nueva era.
