Los jaguares y la selva maya

Hace unos días se festejaba en estas mismas páginas la publicación de los resultados más recientes del censo nacional de jaguares, en el que se ofrece el alentador resultado de un incremento en la población de estos felinos en el sureste mexicano, y se achaca en parte este resultado al incremento en la superficie de selvas destinada a la conservación. Antes de empezar a desmenuzar el asunto, debo dejar bien claro que no regateo un ápice al entusiasmo que ocasiona la noticia: un aumento en el número de jaguares que deambulan por lo que queda de las selvas de nuestro país. No obstante, es necesario tener en consideración el hecho de que el mero crecimiento de la población tiene implicaciones ecológicas, sociales, económicas y políticas que no se pueden ignorar, si se espera que se convierta en una tendencia sustentable, y que se vez acompañada de una mejoría relevante en la condición que guardan los paisajes tropicales de la nación.

La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ) ha dicho que la población de jaguares ha crecido 30 por ciento con respecto a la que existía en el año 2010, debido a la declaratoria de mayores áreas protegidas para que puedan moverse por diferentes zonas del país. Si se considera que un jaguar macho adulto puede moverse por un territorio de hasta unos doscientos kilómetros cuadrados, para asegurar su sustento y un encuentro eficaz con hembras que garantice la transmisión exitosa de material genético saludablemente recombinado, se entiende la ventaja que significa contar con áreas de conservación de amplia cobertura territorial. Pero el hecho de que existan por decreto no es garantía de su permanencia como proyectos viables de protección de especies, ecosistemas y servicios ambientales. La conservación cuesta dinero, y no es precisamente barata. Pero los presupuestos que el congreso mexicano parece dispuesto a otorgar para el manejo de las áreas protegidas siguen mostrando una tendencia decreciente. Ni los éxitos de los esfuerzos realizados por el gobierno federal y las organizaciones conservacionistas de la sociedad civil, ni la creciente conciencia ciudadana acerca de la necesidad de proteger la riqueza natural parecen hallar eco alguno en los recintos parlamentarios. Los legisladores parecen más preocupados por acusarse unos a otros de traiciones y cobardías, que de examinar con imaginación y visión de futuro las condiciones reales que imperan en el territorio.

En algunos casos se ha confundido el nombre asignado a áreas que se pretenden protegidas con su propósito efectivo. Este es el caso, ya muchas veces comentado, del Parque Nacional Jaguar, en Tulum. La capacidad de este sitio para contribuir de manera relevante a la conservación de la especie es prácticamente nula, no solamente por las dimensiones del área, sino por el hecho de que en realidad se usa como una zona de recreo para el turismo, se encuentra limitada por cercas que son un impedimento para la movilidad de la fauna y por tanto un obstáculo para la conectividad que requieren sus poblaciones, y encima se encuentra sujeta a la administración del ejército, que no es precisamente una institución capacitada para la operación y manejo de áreas destinadas a la conservación. De la participación del ejército en las áreas protegidas del país hablaremos de nuevo en futuras contribuciones a este medio.

Otro de los problemas que enfrenta el crecimiento de la población del felino más grande de América nace de lo que percibo como una contradicción insalvable: la creación de áreas protegidas que ven mermada su capacidad operativa al ver que mientras aumenta el área que cubren sus decretos, disminuyen los recursos destinados a su manejo (se van convirtiendo en reservas de papel), en oposición al aumento – que a veces parece desmedido – de los presupuestos destinados a la construcción de infraestructura para el transporte de personas y mercancías, cuyo impacto ambiental se ve potenciado por la necesidad de acompañar las vías férreas, carreteras y aeropuertos, con infraestructura habitacional, industrial y de servicios, requerida para convertir en propuestas rentables los proyectos de “conectividad” entre comunidades que se consideraban remotas, aisladas, o marginadas. No se ha buscado la más mínima compatibilidad entre la conectividad socioeconómica que demanda el desarrollo convencional, con la conectividad ecológica que podría hacer sustentables a los ecosistemas, especies y servicios ambientales de la región.

Para hacer el asunto algo más complicado, hay que considerar que también crece la actividad ganadera en el sureste, con las consecuencias ya conocidas de deforestación, pérdida de la biodiversidad y riesgos sanitarios como el tan llevado y traído gusano barrenador. El aumento en el número de cabezas de bovinos, y el consecuente incremento en las hectáreas destinadas al establecimiento de potreros, además de la fragmentación del hábitat apropiado para los jaguares, implica también la disminución del número de presas disponibles para una población creciente de felinos. Hay que sumar a esto las prácticas inapropiadas de muchos de los ganaderos en la región, que dejan a sus ganados pastar libremente, incluso por la noche, y suelen tener hatos de edades variopintas, de manera que incluyen vacas gestantes, terneros lactantes, erales y toros sementales. Estos hatos parecen ser buffets a libre demanda para jaguares y coyotes. Los encuentros entre ganaderos y predadores tenderán a crecer, y los jaguares saldrán perdiendo.

Para concluir, habré de decir que, si bien el aumento del número de felinos llama a la esperanza y al optimismo, las cifras están aún lejos de permitirnos sacar a la especie de las listas de peligro de extinción. Las tareas que podrán permitir llegar a un tamaño deseable en la población de gatos grandes son, como se ha visto, muchas y muy diversas, y todas ellas, desde el manejo eficaz de las áreas protegidas, hasta el ordenamiento pecuario, el monitoreo y la inspección y vigilancia, son relativamente costosas. Esto lo entienden los expertos y los conservacionistas, Falta hacérselo entender a los responsables del diseño y la aprobación del presupuesto de egresos de la federación.

Edición: Fernando Sierra