Opinión
La Jornada
10/09/2025 | Ciudad de México
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, aseguró que el Paquete Económico 2026, entregado el lunes al Congreso, “refleja los principios centrales de nuestro modelo de desarrollo, basado en una política económica que amplía los derechos sociales, impulsa el crecimiento y preserva la estabilidad macroeconómica con el objetivo de mantener una senda de consolidación fiscal gradual, preservar la inversión, sostener el empleo y estimular la actividad productiva, con niveles de deuda sostenibles en el mediano plazo”. En particular, el encargado de las finanzas públicas resaltó el compromiso de dar continuidad a logros como la histórica reducción de la pobreza mediante la conjunción de sensibilidad social y desarrollo económico, objetivos que en el pasado fueron equivocadamente vistos como contrapuestos.
El presupuesto presentado para consideración del Poder Legislativo da poco margen para la sorpresa, pues se alinea con los principios rectores trazados por el gobierno federal. De los 10.2 billones de pesos que se prevé gastar, se espera que 9.7 billones sean captados vía recaudación fiscal y otros ingresos, mientras 1.4 billones serían destinados a refinanciar la deuda heredada por el ciclo de gobiernos neoliberales; un monto importante que, no obstante, supone un porcentaje menor del producto interno bruto al registrado este año, con lo que continúa la consolidación fiscal (balance entre ingresos y gastos) emprendida por la SHCP.
Como se daba por descontado, el Paquete Económico no contempla una reforma fiscal, aunque sí introduce ajustes a gravámenes existentes y amplía otros. Uno de los elementos más destacados es el incremento de los impuestos llamados “saludables” por gravar productos incuestionablemente nocivos para la salud (como bebidas azucaradas, cigarros o juegos de apuestas) a fin de desincentivar su consumo.
En este sentido, la sociedad debe cobrar conciencia acerca del daño que ocasionan artículos tan populares como los refrescos, principales responsables de que en la actualidad tres cuartas partes de la población mexicana padezcan sobrepeso u obesidad; así como causantes de enfermedades como diabetes, padecimientos cardiacos, cáncer, osteoartritis y trastornos metabólicos, cuyo tratamiento cuesta 116 mil millones de pesos anuales.
Subir las tasas a tales productos no sólo amplía los ingresos del Estado, sino que puede salvar vidas y reducir el gasto en atención médica derivada de malos hábitos, no de factores fuera del control humano.
Por otra parte, se ha hecho un esfuerzo para cerrar las lagunas legales a mecanismos que permiten la evasión, como las inversiones, los ingresos mediante plataformas de intermediación de bienes, o los depósitos en el extranjero por concepto de las operaciones realizadas en territorio nacional.
En este rubro destaca el término a las exenciones fiscales de las que gozaban los bancos por sus aportaciones al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del colosal fraude del Fobaproa.
Por último, se plantea establecer “aranceles estratégicos a países con los cuales no existen acuerdos vigentes” como una forma de “consolidar un modelo económico soberano que impulse el desarrollo productivo y la competitividad de sectores estratégicos para el país”.
Según explicó la Consejería Jurídica de la Presidencia, la idea es corregir la tendencia a la importación de insumos que ha provocado “la pérdida de ramas productivas esenciales y una creciente vulnerabilidad frente a choques externos”; todo ello en el marco del Plan México de impulso al mercado interno y ampliación de las capacidades productivas nacionales.
Dado que el único socio comercial relevante de México con el que no existe un acuerdo vigente es China, la medida se ha entendido, incluso por parte de las propias autoridades, como un freno a las importaciones desde el gigante asiático.
Si bien es cierto que la escala y la diversificación de la manufactura china supone un desafío a la industria nacional, será importante cuidar que el establecimiento de barreras no repercuta en un indeseable repunte de la inflación o se vuelva contraproducente para los sectores que dependen de bienes intermedios provenientes de China en sus procesos productivos.
En suma, hay un diseño presupuestal que aúna la responsabilidad social con la fiscal, y que se piensa no como un obstáculo, sino como un acompañante del proyecto de nación pactado en las urnas por la presidenta Claudia Sheinbaum y la ciudadanía.
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Edición: Estefanía Cardeña
