'Huachicol fiscal' y muertes

El gobierno de la presidenta Sheinbaum debe esmerarse en dar claridad contundente a los hechos relacionados directa o indirectamente con el huachicoleo fiscal, en particular, por cuanto a la Secretaría de Marina y varios de sus mandos. La muerte, ayer, del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en circunstancias anómalas, agrega material al batidillo de especulaciones que no tiene plena confianza en el relato oficial del grave hecho de corrupción que ha llevado a la cárcel a un vicealmirante y a otros oficiales de la Marina, así como empresarios y servidores públicos.

No abona a la confianza ciudadana la exoneración discursiva en automático que la Presidenta, el fiscal Gertz Manero y el secretario García Harfuch han realizado en cuanto al anterior titular de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, arguyendo, sin presentar hasta ahora prueba alguna, que el original denunciante, dos años atrás, de lo que hasta ahora se ha detonado y perseguido, habría sido el propio almirante secretario Ojeda, tío político de los dos principales ejecutores del citado huachicoleo fiscal, a quienes sostuvo y promovió en cargos y asignaciones muy propicias para los delitos cometidos.

Eximir al tío y jefe inmediato de los hermanos Farías, en lo administrativo y lo operativo, de la responsabilidad que tuvo (por omisión o acción) en la comisión de tan graves actos corruptos, implica tender un injusto y evidente manto de protección de élite. No es un asunto de relaciones familiares (nadie debe ser culpado de lo que otros adultos realicen, aunque haya nexos consanguíneos o de familia política), sino de responsabilidad institucional, cuyo puntual cumplimiento debe ser dirimido por jueces (ante los que debería comparecer el ex secretario), no por compañeros de partido o por cúpulas de organigrama.

Las suspicacias no se reducen al de por sí indicativo esfuerzo de élite para desmarcar al ex secretario de Marina. Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien había sido titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, se suicidó este lunes en su oficina, según se ha dado a conocer a cuentagotas.

Se le había mencionado como presunto involucrado en el tema del huachicoleo, pero ayer el fiscal Gertz Manero aseguró, otra vez sin mayor respaldo que su voz, que el suicidio “es un asunto de otra naturaleza (...) es una situación totalmente del orden personal a la que debemos tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió”. ¿Respeto significa no indagar más? ¿El fiscal puede dar una versión así, cuando reconoce que está “esperando la información de lo que ocurrió”?

Además, Gertz puntualizó que el capitán Pérez Ramírez no estaba involucrado en el huachicoleo, mientras la presidenta Sheinbaum dijo que “no hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso; entonces, pues vienen las investigaciones”.

El cuadro se complicó con otro hecho cuando menos sorprendente: el capitán Adrián Omar del Ángel Zuñiga murió ayer en Puerto Peñasco, Sonora, “durante un ejercicio de práctica de tiro real”, según el comunicado oficial de la Secretaría de Marina, que no aportó mayores detalles ni precisiones. El fallecido había sido subadministrador de la muy caliente aduana de Manzanillo, Colima, y quien lo sustituyó, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, denunció en junio del año pasado la red de corrupción encabezada por los sobrinos políticos de Rafael Ojeda y capitanes que ellos conseguían nombrar en plazas claves. Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo en noviembre del año pasado.

Lo cierto es que al destapar los expedientes marinos del huachicol fiscal se han abierto también los de las complicidades políticas de muy alto nivel, imprescindibles para que tan redituable negocio pudiera ser permitido. ¿Hasta qué alturas habrá llegado esa red de corrupción? ¡Hasta mañana!

Edición: Estefanía Cardeña