Opinión
Cristina Puga
14/09/2025 | Mérida, Yucatán
El 1º de septiembre se consumó el relevo de la mitad del Sistema Judicial Mexicano. El país tiene hoy, además de 9 nuevos magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 nuevos magistrados en el Tribunal Federal Electoral, 386 nuevos jueces y 464 nuevos magistrados colegiados de distrito, así como 15 nuevos magistrados en las salas regionales del Tribunal Electoral y 5 jueces del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial. Una verdadera sacudida a todo el sistema que incluye a Yucatán, en donde el cambio es de 9 magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 5 del de Disciplina Judicial (electos localmente) así como 6 jueces de distrito y 6 magistrados de circuito.
Es, como todos sabemos, un conjunto nacional de abogados y abogadas con formaciones y experiencias diversas, que llegan por el voto de un electorado que no conoció de ellos mucho más de lo que pudo proporcionar una campaña rápida, alimentada por semblanzas incompletas en las páginas de los órganos electorales. El primero de junio a muchos nos dejó con la incómoda certeza de que, con una proporción muy pequeña de votantes, en un proceso costoso y lleno de irregularidades, se modificó un elemento fundamental del diseño republicano y se abrió una brecha que afecta peligrosamente el equilibrio de poderes en el país.
Sin embargo, salvo algunos casos difíciles, los nuevos jueces y magistrados fueron verificados y declarados formalmente electos, algunos a pesar de antecedentes dudosos o de calificaciones mínimas para la plaza que ocuparán. Así, la nueva preocupación, principalmente para el funcionamiento local del poder judicial, en este caso, el de Yucatán, es la de si el nuevo sistema se pondrá en marcha a pesar de las fallas del diseño legislativo federal y si, como se nos ha dicho, los nuevos jueces solucionarán retrasos, incongruencias y posibles malas prácticas, para inaugurar un esquema de rectitud y transparencia jurídica. Y, desde luego, si respetarán la división de poderes y guardarán una prudente distancia respecto del Ejecutivo y el Legislativo locales.
El cambio tendrá no pocas dificultades. Está, en primer lugar, la de la inexperiencia de los nuevos juzgadores, muchos de los cuales no tenían una carrera judicial: ocupaban puestos burocráticos, litigaban en juzgados o incluso eran profesores en educación media o superior. Por dar un ejemplo extremo, la presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial en Yucatán era la responsable del área de ventas en una dependencia oficial.
En su defensa, dicen los conocedores, muchos de los anteriores jueces en el estado, surgidos de procesos muchas veces influenciados por los gobernadores en turno, tenían limitaciones similares. La diferencia es solo, entonces, el que, en esta ocasión, todos llegan al mismo tiempo con su inexperiencia a cuestas. Se dice que los magistrados electos han estado en un proceso de aprendizaje intensivo de las tareas que tendrán que desarrollar y para las que muy pocos de ellos tenían experiencia o formación previa; y se dice también que hay equipos de asesores que seguirán en sus puestos y ayudarán a entrenar a los juzgadores novatos. Estos últimos, sabemos, tendrán que batallar, además, con problemas administrativos, con reglas que conocen a medias, algunas recién aprobadas por el Congreso local y con un enorme rezago que algunos calculan en hasta 3 mil casos solo para Yucatán.
La batalla más importante para los jueces y magistrados de todo el país, será, sin embargo, la de establecer su legitimidad, no por el voto que los llevó al puesto, sino por su eficacia, su imparcialidad y su genuino interés en hacer justicia. Si es cierto que muchos de sus antecesores tampoco tenían una sólida carrera judicial y llegaban al puesto por sus compromisos con padrinos políticos, entonces los nuevos tendrán que demostrar que la sociedad a la que servirán es más importante que las exigencias de aquellos que los pusieron en las listas, los apoyaron durante sus breves campañas y eventualmente les podrán pedir que inclinen a su favor la balanza de la justicia. Para el caso de Yucatán, una ventaja es que, con un par de excepciones, se trata de un equipo joven y entusiasta, en el que además predominan las mujeres. Si una reforma reciente que flexibiliza la Ley Orgánica del Poder Judicial no cambia el resultado del proceso, será una joven mujer quien presida el Tribunal Superior.
Como en el resto del país, los nuevos jueces y magistrados de Yucatán tienen frente a sí un reto mayúsculo: deberán realizar su trabajo por la justicia de cara a una sociedad crítica y vigilante que no votó por ellos por desconfianza o por reprobación del proceso y frente a una población que ha padecido las fallas del sistema y que tiene grandes expectativas respecto a su capacidad, su compromiso y su honestidad. Esperemos que puedan responder a ellas.
