Opinión
La Jornada
18/09/2025 | Ciudad de México
Elementos del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración acudieron ayer a Paraguay, donde las autoridades les
entregaron a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y capo de la organización criminal
La Barredora.
El también denominado Comandante H y El Abuelo estuvo prófugo desde el pasado 26 de enero hasta el 12 de septiembre, periodo en el que pasó por Panamá y España antes de recalar en Paraguay, donde se ocultó en un barrio lujoso en el que fue aprehendido gracias a una ficha roja de Interpol girada a petición de México. Aunque en principio la SSPC estimó que el proceso de extradición podría tomar meses, Asunción detectó que el ex funcionario ingresó a territorio paraguayo de manera irregular, por lo que procedió a su expulsión inmediata.
Esta celeridad es sin duda una buena señal, indicativa de voluntad política para esclarecer las acusaciones que enfrenta el ex mando policial y, por ende, de avanzar en la lucha contra la impunidad.
Desde su llegada a México, Bermúdez Requena deberá responder ante la justicia por acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Debe recordarse que su paso por la SSP tabasqueña (diciembre de 2019 a enero de 2024) estuvo marcado por un dramático incremento de la violencia y los delitos de alto impacto, fenómeno que, según se presume ahora, fue provocado por su profundo involucramiento en el crimen y el uso de la fuerza pública para favorecer a la facción que lideraba en las luchas con sus rivales.
En contraste, el cambio de administración en la entidad del Golfo se ha traducido en una recuperación acelerada de la seguridad física y patrimonial que el Estado debe garantizar a la población: sólo entre febrero y junio de este año, los homicidios dolosos bajaron 33 por ciento en todo Tabasco y 56 por ciento en el municipio de Centro, con este último mes como el menos letal en una década.
Si el caso de Bermúdez Requena es un recordatorio del inmenso daño que puede causar la corrupción de un servidor público, sea cual sea el signo político del gobierno para el que trabaje, su localización y arresto envía un mensaje de intolerancia a la impunidad por parte del gobierno federal y de la FGR. Es preciso, por ello, conducir el proceso del ex funcionario con total apego a derecho, fincar de manera inobjetable las responsabilidades debidas y, en su caso, establecer sanciones sin ningún miramiento político o de grupo.
Asimismo, es imperativo que las pesquisas en torno a la estructura de La Barredora lleguen realmente hasta las últimas consecuencias. Proceder de este modo no sólo es una obligación ante los ciudadanos y las leyes, sino también el mejor camino para disuadir a autoridades de todos los niveles de participar en conductas ilícitas al amparo de sus cargos.
Edición: Ana Ordaz
