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Los gobiernos de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron ayer al Estado de Palestina, en lo que constituye un severo revés a la estrategia genocida que Tel Aviv, con el apoyo casi solitario de Estados Unidos, ha estado aplicando desde hace dos años en la franja de Gaza y, en buena medida, también en la Cisjordania ocupada. El hecho resulta particularmente significativo si se consideras que dos de esos gobiernos –el británico y el canadiense– forman parte del grupo de las siete potencias occidentales más industrializadas, y que ambos, junto con el australiano y el neozelandés, son integrantes del primer círculo de aliados estratégicos con los que Washington comparte labores de inteligencia y espionaje: la instancia denominada Cinco Ojos, a la que Edward Snowden ha descrito como una “organización de inteligencia supranacional que no responde a las leyes conocidas de sus propios países”.

Ciertamente, el reconocimiento mencionado es una medida sumamente tardía y, por ello, asimétrica, si se considera que Ottawa, Canberra y Londres otorgaron su reconocimiento al régimen de Tel Aviv desde 1949, en tanto que Lisboa lo hizo en 1977. Ninguno de esos países, sin embargo, había reconocido explícita y formalmente el derecho palestino a un Estado independiente, a pesar de que desde 1974 la Organización de Naciones Unidas estableció los derechos palestinos “a la libre determinación sin injerencia del exterior”, “a la independencia y la soberanía nacionales” y “a regresar a sus hogares y sus propiedades de los que han sido desalojados y desarraigados”.

No puede desconocerse, por otra parte, que este importante paso ha sido impulsado, en buena medida, por dos factores contrapuestos; por un lado, ha de mencionarse la enorme y creciente presión social en demanda del cese del exterminio de la población palestina que perpetra Israel, una presión que ha tenido el propósito principal de lograr el aislamiento internacional de los genocidas y que ayer se anotó una indiscutible victoria; por el otro, es de subrayar la descontrolada barbarie del propio régimen de Tel Aviv, la cual no se ha constreñido a los territorios palestinos bajo su ocupación, sino que se ha traducido también en agresiones militares injustificadas en contra de Líbano, Siria, Irán y Qatar, y de represalias desproporcionadas en contra de Yemen. No es exagerado, a la luz de ese comportamiento, afirmar que el gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu se ha convertido en la principal amenaza a la paz mundial.

Por más que el reconocimiento constituye una derrota diplomática mayúscula para los dirigentes israelíes y sus propósitos genocidas, es lamentable que se haya debido llegar a más de 60 mil personas asesinadas por Tel Aviv en la franja de Gaza para que los gobiernos de esos cuatro países se hayan decidido a admitir que los palestinos tienen el derecho inalienable a una nación independiente y soberana. Por mínima consecuencia, Londres, Ottawa, Canberra y Lisboa tendrían que sumarse a la demanda que Pretoria presentó ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2023 –y a la que nuestro país se adhirió en mayo del año pasado– para que intervenga ante las violaciones israelíes a la Convención de la ONU sobre Genocidio.

Asimismo, hoy más que nunca es necesario que los principales socios comerciales de Israel interrumpan sus intercambios con esa nación. Si en los años 90 del siglo pasado la presión mundial fue fundamental para poner fin al régimen racista sudafricano, otro tanto puede ocurrir ahora para obligar a Tel Aviv a poner fin a su agresión criminal contra los palestinos y a admitir la existencia de un Estado palestino en la totalidad de Cisjordania, Gaza y la Jerusalén Oriental.



Edición: Ana Ordaz


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