Ayotzinapa, once años del crimen de Estado

Once años se han cumplido y la desaparición forzada, los asesinatos y el crimen de Estado contra los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue a la espera de la justicia, quizás como una forma de burlar el lento caminar de la tortuga cuyo símbolo se alza en las entrañas de la Normal Rural. Once años escritos con letras, pues cada una de ellas es como la estaca que se hunde más y deja huella en un sistema de justicia putrefacto hasta la médula y que prefiere amparar a criminales como José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, condenado a 92 años por secuestro, o liberar de toda culpa a militares, comandantes, policías y demás agentes partícipes de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, en los atroces hechos contra los jóvenes estudiantes, antes que aclarar el crimen y establecer la verdad.

Ese caminar, digno y libre, como la tortuga que con orgullo erige el cuello alzando la cabeza sin temor a la tempestad, simboliza la esperanza que conduce a las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, sin importar el tiempo, la distancia, las puertas cerradas, las “verdades históricas” y las falsas verdades, no han claudicado en su lucha por encontrar el paradero de sus hijos, sobrinos y nietos, así como reencontrar la juventud robada y las voces críticas que se han querido callar con la bota militar y la prensa vendida. La resistencia por la verdad, por la justicia y contra la impunidad avanza, y si bien la distancia temporal pareciera cubrir la memoria, el sentimiento de dolor, de ira y rabia consecuentes con los valores comunitarios que fortalecen la praxis de quienes aún hoy, a once años, siguen caminando y alzando la voz para romper el cerco mediático y de arbitrariedad junto a las madres y padres. Once años que calan y duelen, pero que, a la vez, significan que el crimen de Estado es una realidad y que el sistema capitalista se protege a sí mismo, encubriendo la verdad.

En las investigaciones sigue habiendo pendientes de suma relevancia, los más de 800 folios con documentos del Ejército mexicano es uno de los mayores asuntos por atender. La obstrucción al acceso a la información que contienen esos documentos por parte de las cúpulas castrenses y la complicidad del Estado en un pacto inmoral viola todos los derechos humanos de las víctimas de desaparición forzada y de sus familiares, pero también de toda la sociedad por el derecho a saber la verdad, al igual que la violencia sistémica represiva golpea directamente al corazón del pueblo, ya que la continuidad de la guerra sucia es real mientras se mantengan estas prácticas conocidas en torno a la criminalización de los movimientos sociales. Ese pacto es otro clavo en la cruz que llaga la esperanza y la confianza en las instituciones que debieran velar por la justicia y no por la ilegalidad descarada. 

Los familiares de los 43 normalistas han exigido la extradición, entre otros, de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y uno de los principales constructores de la “verdad histórica” con la que se quiso ocultar los hechos y lavar el crimen mediante la mentira y la farsa. Tomás Zerón se encuentra refugiado ni más ni menos que en Israel, país que realiza un genocidio contra el pueblo palestino, y que, además, ha entrenado a las fuerzas militares mexicanas en prácticas de inteligencia y acciones represivas. No es casual que Zerón se refugiara ahí y que hoy, a once años, permanezca en plena libertad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que se esperan nuevos arrestos a partir de las líneas de investigación abiertas en su administración, esto será de utilidad mientras quienes sean llevados ante la justicia tengan un proceso real y el sistema judicial muestre su anunciada renovación. Si esto no ocurre, estaremos ante la reiterada acción ya vista en estos once años, donde se ha llevado a muchos implicados frente a los jueces, para luego ver cómo son absueltos con escusas y por “procedimientos ineficientes”. Sin embargo, es de reiterarse que, sin la disolución del pacto con el Ejército, la impunidad seguirá año con año, como ha sucedido con Tlatelolco, y a pesar de que el propio Gustavo Díaz Ordaz reconoció su responsabilidad con cinismo, pues murió sin ser enjuiciado y hasta hoy su nombre, si bien está manchado en la memoria del pueblo, vive sin un juicio de Estado por el crimen perpetrado. Son muchos los involucrados en el crimen de Estado contra los 43 normalistas, el expresidente Enrique Peña Nieto sigue sin ser llevado ante la justicia, y la cúpula política y militar sigue evadiendo a la verdad. ¿Cuántos años más de impunidad? 

Ayotzinapa clama como cada año y cada día por la verdad y la justicia. Ya son once años de un crimen que ha marcado a generaciones y que, si queremos un México más justo, debe ser resuelto ya sin temor y con la firmeza de que al final siempre la verdad saldrá a la luz. Mientras tanto, en las calles y en todos los rincones de la nación, seguimos gritando: ¡Justicia para Ayotzinapa!

Edición: Estefanía Cardeña