Opinión
Felipe Escalante Tió
25/09/2025 | Mérida, Yucatán
En épocas convulsas, y sobre todo después de enfrentamientos armados, es difícil hallar posturas ecuánimes por parte de los bandos involucrados. En el mal llamado campo del honor, suele privar la idea de que lo importante no es ganar, sino humillar al enemigo. De ahí el temor a los ejércitos invasores, particularmente si se imponen sobre toda resistencia en el camino; el terror no es a la derrota militar, sino al ensañamiento sobre la población civil que queda indefensa.
Sin embargo, la historia suele dar también múltiples ejemplos de comandantes que, tras obtener la victoria armada, buscan lograr otra extendiendo la mano al vencido y ofreciendo todas las garantías. Un caso, para Yucatán, lo encontramos en el semanario El Plan de Guadalupe, correspondiente al domingo 28 de marzo de 1915; es decir, todavía pocos días después de la entrada del general Salvador Alvarado a Mérida, como gobernador y comandante militar designado por Venustiano Carranza, a la sazón presidente del país, aunque desconocido por los grupos aglutinados en la Convención de Aguascalientes.
Precisamente, un sector de la población yucateca sí entró en pánico cuando se supo que las tropas que traía Alvarado atravesaron Campeche y se impusieron a los improvisados batallones yucatecos en Poc Boc, Blanca Flor y Halachó.
Quien quiera profundizar en el conocimiento del ambiente previo a la llegada del Constitucionalismo a Yucatán puede recurrir a libro ¿Y antes de Alvarado?, de Marisa Pérez Domínguez. En cuanto a El Plan de Guadalupe, el semanario tuvo una historia también convulsa. El primer gobernador enviado por Carranza, Eleuterio Ávila, le concedió a los redactores un permiso provisional y aunque llegaron a aparecer, suspendieron la publicación precisamente por desacuerdos con Ávila, y posteriormente por el levantamiento de Abel Ortiz Argumedo.
Así, José María Figueroa y Juan Porras Vega, director general y redactor en jefe de El Plan de Guadalupe, encontraron con la llegada de Alvarado las condiciones para volver a imprimir, y en el número que indicamos incluyó un breve llamado “A la sociedad yucateca”, que venía de otros yucatecos. El mensaje indicaba que: “Después de una larga conferencia que hemos celebrado con el Sr. General D. Salvador Alvarado, y oídos sus deseos de concordia y tranquilidad en el Estado, podemos garantizar a nombre propio y en el del señor General que todos pueden volver a sus hogares, en la inteligencia de que tendrán todo género de garantías y seguridades para sus vidas y haciendas”.
Se trataba, pues, de un grupo dispuesto a respaldar al general en su ofrecimiento de no emprender persecuciones, algo que temían quienes sí le entregaron a Ortiz Argumedo el dinero que le negaron a Eleuterio Ávila. De hecho, en el siguiente párrafo se comprometen:
“Podemos asegurar a la sociedad entera, porque lo hemos oído así, de labios del Gobernante, que el Sr. General Alvarado siente viva simpatía por el Estado de Yucatán por el carácter laborioso de sus hijos y viene animado de la mejor voluntad y de los mejores propósitos para encauzar el progreso de esta región y espera, como nosotros, que Yucatán corresponderá debidamente a tan nobles intenciones”.
Por encima de la nota aparece una fotografía que seguramente por la calidad del papel ya no está tan clara, en la cual aparecen Salvador Alvarado y su antecesor constitucionalista, Toribio V. de los Santos, aparentemente después de recibir la contabilidad de lo que se pudo salvar de las garras de Ortiz Argumedo, y tras comunicarle a Venustiano Carranza “su entrada triunfal en Mérida”. Un tercer personaje, a la derecha, es el teniente coronel Meza, jefe del estado mayor de Alvarado.
Ahora, el grupo de firmantes era de 34 personas, aunque dos aparecen como “Hijos de Andrés Cano Diego” y “Francisco Galera Haro y Ca. [compañía]”. Llama la atención que aunque se encuentran apellidos reconocidos de familias de hacendados, no se trataba de los que controlaban la comercialización del henequén. Habría que hacer una investigación mucho más profunda -aunque muy probablemente no exista documentación -podría revelar que se trataba de pequeños y medianos productores, endeudados con la casa comercial de Avelino Montes, el yerno del ex gobernador Olegario Molina. Igualmente, llama la atención que aparezcan dos personajes con un apellido maya.
La lista de firmantes es la siguiente: “Fernando Leal Novelo, Agustín Vales Millet, Miguel G. Gutiérrez, José Juanes G. Gutiérrez, José Millet Heredia, Manuel de Arrigunaga, Alfonso Ailloud, W. Lizarraga Patrón, Fernando Rendón, Fernando García Fajardo, Francisco Zavala C., Camilo Sansores, Manuel Heredia Medina, Jacinto Lizarraga, Manuel Martínez de Arredondo, Rudesindo Peniche, Enrique Fernández Álvarez, Severino Rosado Jiménez, Federico Escalante, Rafael Cen, Antonio Zaldívar, Francisco Rejón, Hijos de Andrés Cano Diego, Octavio Gamboa, Ernesto Escalante, Fernando Zavala, Narciso Riancho, José María Rosado, Ramón Gual, José Ferrer, Felipe Lara Bolio, Miguel Cámara Chan, Joaquín E. Mendoza, Francisco Galera Haro y Ca.”
Así, puede verse que, desde el principio, Alvarado buscó a quienes se encontraban en desventaja para comercializar su fibra y buscaban una oportunidad para incidir en las decisiones de gobierno. Algunos de ellos lo consiguieron, pero eso es materia de otras notas, y otros tiempos.
Edición: Estefanía Cardeña
