Opinión
La Jornada Maya
21/10/2025 | Mérida, Yucatán
Octubre ha sido un mes agitado en el campo mexicano. Entre tormentas y huracanes, o por lo menos una cantidad de lluvias no vistas en muchos años, y la presencia del gusano barrenador y las medidas para contenerlo, los productores han quedado entre rescatar lo que han logrado cultivar hasta el momento y resistir a los embates de quienes se han erigido como Estado paralelo para obtener ingresos por medio de un “impuesto” que es en realidad una extorsión.
La presión sobre los agricultores se ha hecho patente en Michoacán, donde se han concentrado las movilizaciones para exigir mejores precios de garantía, seguridad ante extorsiones y otros delitos, apoyos a la producción, entre otras demandas de ajuste al mercado. La imagen de miles de limones persas tirados sobre el pavimento, porque el precio que se paga a los productores ni siquiera alcanza a cubrir los costos, es más que ilustrativa.
Algo similar ha ocurrido con los productores de aguacate, ese fruto que una vez transformado en guacamole es altamente demandado en los Estados Unidos el día del Superbowl, independientemente de si el espectáculo del medio tiempo esté amenizado por Bad Bunny.
En lo que pareciera una historia de terror, cultivar la tierra está asociado a ciclos de violencia, pero en México también hay un largo historial de ausencia de la autoridad cuando se trata de la presencia del crimen organizado en los huertos michoacanos. Miles de productores han tenido que enfrentar por cuenta propia a cárteles como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, y otros de reciente creación como Blancos de Troya, dando pie a agrupamientos de autodefensa, no siempre con las mejores intenciones.
Por lo pronto, las fuerzas federales consiguieron la detención de Rigoberno “N”, identificado como integrante de Blancos de Troya y uno de los extorsionadores a los limoneros. Esto es un resultado positivo por parte de los cuerpos federales de seguridad, pero también hay que reconocer que la problemática lleva ya cerca de dos décadas que se conoce en todo el país.
El reto, entonces, no es resolver el crimen contra Bravo Manríquez, sino que los agricultores de Michoacán puedan desarrollar sus labores sabiendo que su seguridad está garantizada y que la única tributación que deben cumplir es la que se contemple en la correspondiente Ley de Ingresos, de manera que las autoridades brinden la certeza de que no habrá extorsiones, ni pagos por derecho de piso y mucho menos amenazas para que abandonen sus propiedades. Que el cultivo de aguacates y limones deje de ser sinónimo de cultivos controlados por el crimen.
Edición: Fernando Sierra
