EU, capital del crimen

La agencia de noticias Reuters reveló ayer que empresas petroleras estadunidenses ayudan al cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) a inundar México de combustible de contrabando con buques cisternas. Al contrario de lo que sugiere la equívoca expresión huachicol fiscal, estos hidrocarburos no provienen de robos a ductos en territorio mexicano, sino de Estados Unidos e incluso de Canadá, desde donde se exportan a México disfrazándolos en las declaraciones aduaneras como otros productos.

Este reporte refuerza la idea de que a ningún gobierno estadunidense, desde Richard Nixon (el primero en declarar la “guerra contra las drogas”) hasta la actualidad, le ha interesado realmente acabar con el crimen organizado. Asimismo, de la impunidad con la que muchas corporaciones del país vecino hacen negocios con cárteles de la droga puede inferirse que cuando Washington acusa a un país de no “colaborar” lo suficiente en su guerra y usa el narcotráfico como pretexto para el despliegue de sus tropas o agentes encubiertos, su verdadero objetivo es apoderarse de los recursos naturales o derrocar gobiernos celosos de la soberanía.

Un solo ejemplo: en diciembre de 2021, el ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) José Irizarry fue condenado a 12 años de prisión por el mayor escándalo de corrupción conocido en la historia del organismo: confesó haber robado 9 millones de dólares de la propia DEA, además de aceptar sobornos de las personas a las que supuestamente perseguía y participar en actividades de lavado de dinero para darse una vida de lujos alrededor del mundo. Irizarry denunció que estuvo acompañado por docenas de agentes federales, fiscales e informantes, e hizo una declaración demoledora para todo el discurso de “guerra contra las drogas” de Washington. Y aunque se puso a disposición de los investigadores para revelar todo lo que sabía sobre la deshonestidad de sus compañeros y superiores, la DEA hizo oídos sordos, hasta el punto de que sólo le dedicó un párrafo a su caso en un reporte de evaluación de sus operaciones en el extranjero publicado en marzo de 2023. En dicho informe, ni siquiera se menciona a Nicholas Palmeri, ex director regional de la DEA en México entre 2021 y 2022, quien vacacionó con abogados de Miami que defienden a capos latinoamericanos. Sólo dos meses después de que Palmeri dejó el organismo, un agente y un supervisor fueron imputados por filtrar información confidencial a abogados de esa ciudad a cambio de 70 mil dólares en efectivo.

Por su papel central en la farsa del combate al narcotráfico, la DEA es la agencia más expuesta a los escándalos de corrupción y connivencia con el crimen organizado, pero las mismas falencias corroen a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) o la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Cabe destacar, por ejemplo, que la propia DEA ha acusado a la CIA de facilitar el tráfico de drogas con tal de cumplir sus objetivos subversivos contra gobiernos insumisos a Washington.

Ante la innegable raigambre del narcotráfico en Estados Unidos, la clase política bipartidista de ese país carece de autoridad moral y de credibilidad para señalar reales o imaginarios problemas de delincuencia en México, Venezuela, Colombia o cualquier otra nación que reconoce la amenaza criminal y trabaja para controlarla de acuerdo con sus recursos, sus leyes y sus principios. En vez de dilapidar miles de millones de dólares en mantener flotas de guerra donde no son necesarias ni deseables, y de desplegar agentes corruptos en todos los continentes, Washington debería centrarse en modificar la legislación favorable a los ultrarricos que la convierte en la capital mundial de lavado de dinero; vigilar a su complejo militar industrial, el cual obliga a inventar o crear conflictos bélicos; romper la simbiosis entre la economía ilegal y su sistema bancario y financiero; poner un alto a las farmacéuticas que han creado, por lucro, la actual epidemia de adicciones, y ofrecer a sus víctimas tratamientos efectivos de desintoxicación y recuperación.

Ante la magnitud del contrabando de combustibles hacia México, es inevitable suponer que hay muchas más compañías estadunidenses involucradas en ese negocio delictivo, además de la que señala la investigación de la agencia informativa británica. Si el gobierno de la nación vecina quisiera mostrar con hechos voluntad de enfrentar el narcotráfico, en lugar de asesinar a pescadores inermes en el Caribe, bien haría en identificar y sancionar a tales empresas, facilitadoras y cómplices del trasiego de drogas.

Edición: Ana Ordaz