Tulum bajo acoso

El Parque Nacional Tulum es un diamante en la tiara de joyas que forman las áreas protegidas de la península de Yucatán. Al coincidir con un soberbio sitio arqueológico maya, su combinación de selvas y dunas costeras, con las blancas playas caribeñas, los colores fantásticos del mar y la proximidad de porciones del segundo arrecife de barrera más extenso del planeta, constituye un espacio de una enorme belleza que ofrece además una expresión cultural invaluable, y una clara muestra de la biodiversidad peninsular. Todo esto, que podría resultar un enorme privilegio, parece colocar al parque bajo un constante peligro, y sujetarlo al asedio permanente de ambiciones incapaces de comprender lo que significa bien común.

El acoso que hoy se cierne sobre el parque no es nuevo: ya en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del gobierno federal la controversia interpuesta con el propósito de evitar que los poderes locales, aliados con intereses privados, incluyeran el área protegida como parte del Programa de Desarrollo Urbano de Tulum. Esta sentencia de la Corte puso un alto a los intentos de restar al parque su capacidad de herramienta de conservación y dejar las manos libres a hoteleros y otros inversionistas del sector turístico y a la autoridad local, para urbanizar, enajenar y dotar de infraestructura de servicios a un territorio que, al estar sujeto a un decreto de conservación, no podría sufrir esos cambios de uso de suelo. Cuando la Corte emitió su sentencia, las personas y organizaciones que nos dedicábamos a la conservación del patrimonio natural lo celebramos con gran jolgorio: veíamos una resolución histórica, que fortalecería en adelante el papel de las áreas protegidas como herramientas capaces de contribuir a la salvaguarda de la riqueza natural de México. Hoy parece que el optimismo –como sucede con demasiada frecuencia– fue prematuro y frágil. La ambición de quienes ven en la belleza del paisaje quintanarroense un botín que hay que exprimir del todo y cuanto antes, todavía sienten que hay espacio para crecer.

Fuentes bien informadas sostienen que el gobierno del estado ha ofrecido “en permuta” unos terrenos al sur de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, y una cantidad considerable de dinero, a cambio de una porción de los predios que forman parte del Parque Nacional Tulum lo que, sumado a la insistencia de los hoteleros de la zona, para que se les autorice introducir agua potable, pavimentar calles, y permitir la operación de un sistema de recolección y traslado de residuos sólidos, deja en claro que la intención es urbanizar la zona irregularmente ocupada dentro del polígono del área protegida. Afortunadamente, hasta ahora, el Comisionado Pedro Álvarez Icaza ha mostrado la entereza de negarse a aceptar la propuesta y el Director Regional de la CONANP en Quintana Roo, Juan Carlos Romero Gil, continúa resistiendo la presión de los inversionistas locales, y defendiendo la integridad del Parque y la vigencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Parque Nacional Tulum se está convirtiendo en el símbolo de la resistencia ante la voracidad de quienes ven en los tesoros del patrimonio natural de Quintana Roo únicamente la oportunidad de obtener más dinero, más rápidamente. Al asedio de este parque hay que añadir la construcción de un tren que no sirve más que a una narrativa política, una carretera castrense que rompe en dos la integridad de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an con la única finalidad de aportar a las fuerzas armadas una posibilidad adicional para hacer negocio, un intento fallido para construir un nuevo muelle de cruceros donde no resulta necesario y no responde más que a los intereses de una familia de navieros, la renuncia a sujetar a algún régimen legal de protección al sistema lagunar de Bacalar, para dejarlo disponible para el desarrollo turístico masivo y la creación de un nuevo parque que no contribuye a conservar ni a proteger nada, pero sí que acrecienta las oportunidades de generar ingresos que ahora resulta tan importante para unas fuerzas armadas que deberían brindar seguridad a la soberanía nacional o desaparecer.

A la presión que enfrenta la continuidad del Parque Nacional –que ven como botín personajes como el señor Palazuelos– se le suma una paradoja que se cierne sobre todo el paisaje del sureste mexicano: en esta región habitan pueblos originarios que conservan una fortísima identidad, con una cosmovisión compleja y una íntima integración con el paisaje y los recursos naturales; y en esta región también se han establecido múltiples organizaciones de la sociedad civil honestamente comprometidas con la salvaguarda de la integridad ecológica regional y la protección de su biodiversidad. La voz de los pueblos indígenas no es escuchada, ni por los tomadores de decisiones gubernamentales, ni mucho menos por los dueños del dinero interesados en invertir para acrecentarlo a través de apropiarse de la riqueza natural. Y las voces de los conservacionistas de la sociedad civil son ignoradas o desacreditadas al identificarlas con una supuesta complicidad con “la derecha”, haciendo de lado con desdén tanto su conocimiento de causa como la honestidad de sus posiciones. Mientras el “poderoso caballero” siga siendo “Don Dinero”, la conservación del patrimonio natural y la protección de la biodiversidad tendrán que continuar como luchas de resistencia. Nos conviene a todos sumarnos a ellas o, por lo menos, respaldarlas franca y ruidosamente.

Edición: Ana Ordaz