Opinión
La Jornada Maya
11/11/2025 | Mérida, Yucatán
La delincuencia está presente en diversos ámbitos de la vida cotidiana de los mexicanos, de manera tal que un buen porcentaje de la población se sabe expuesta a ella en alguna de sus manifestaciones violentas. Ver a la presidenta Claudia Sheinbaum como víctima de acoso en la calle resultó precisamente un recordatorio de la realidad que viven millones de mujeres en el país, pero también un mensaje de que, si ella es vulnerada, nadie se encuentra exento de tener una experiencia tan amarga.
Las autoridades federales han mantenido una línea de comunicación dando a conocer los avances que se consiguen. Sin embargo, el reporte de cifras da pie para que se cuestione cómo es posible que se sigan cometiendo ciertos delitos; especialmente algunos sobre los que existe la percepción de que su incidencia ha aumentado, como la extorsión telefónica.
Precisamente, resulta particularmente revelador el dato de que 12 centros penitenciarios del país concentran 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión al 089. No se trata de que existan dispositivos para bloquear las antenas de telefonía celular cercanas, sino de que todos los aparatos reportados atravesaron cada uno de los filtros de seguridad en esos doce penales, lo cual es un indicador de descomposición en la administración de esas instalaciones; es decir, existe una vulneración crónica del orden que debiera prevalecer en los centros de readaptación social.
Cuestión aparte es que en las revisiones se encuentren drogas y armas. Es sabido que algunas de las primeras llegan porque de alguna manera hay que mantener estable a los reclusos adictos, pero las cantidades decomisadas revelan, de nuevo, la porosidad de los dispositivos de seguridad en los centros penitenciarios.
Por otro lado, la detención de Mikael Michalis N., El Griego, señalado por delitos de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, en Cancún, junto con su principal operador logístico y financiero, habla de la capacidad y las relaciones internacionales que ha tejido el crimen organizado, al grado que le es posible manejar enormes sumas de dinero en la construcción y renta de inmuebles de lujo en las principales ciudades de la península de Yucatán. Esto, por difícil que parezca, es también un tipo de violencia: el desplazamiento y hasta anulación de los inversores y el empresariado que operan legalmente.
La violencia política extrema, la que llega al homicidio, es también una preocupación. El que durante el último año, 70 funcionarios de diversos niveles hayan requerido escoltas para su protección, está relacionado con el clima de amenaza al ejercicio de sus funciones y el despliegue del dispositivo para protegerlos implica destinar recursos económicos y humanos al cuidado de estos servidores públicos.
Lo positivo es que hay un combate a la delincuencia que ha conseguido avances importantes, como la disminución del 37 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos, o que después de un pico, exista ahora una disminución en los casos de extorsión. Lo grave es que haya errores en la ejecución de protocolos y estos fallen, porque queda la percepción de que el clima de inseguridad responde directamente a la permanencia de prácticas corruptas.
Edición: Fernando Sierra
