Opinión
La Jornada Maya
02/11/2025 | Mérida, Yucatán
Desde hace ya casi dos décadas, la situación en Michoacán constituyen un complejo desafío para el Estado mexicano, precisamente por la ausencia de gobierno o por la connivencia de las autoridades con el crimen organizado. De hecho, el intento por controlar esa entidad se remonta a diciembre de 2006 cuando, pretendiendo legitimarse en la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa declaró la “guerra al narcotráfico”, envió 6 mil elementos de seguridad al estado y ordenó el arresto de 11 presidentes municipales, de los cuales la mayoría -incluyendo a muchos de los demás funcionarios detenidos con motivo de ese operativo -salieron libres durante 2011.
El incremento de la actividad del crimen organizado en Michoacán está directamente asociado al crecimiento en la demanda de dos productos agrícolas: el aguacate y los cítricos. Cárteles como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Blancos de Troya, al igual que células de otras organizaciones con presencia nacional, han recurrido sin excepción a extorsionar a los productores, llegando a asesinar a sus líderes, como ocurrió hace apenas dos semanas con Bernardo Bravo Manríquez, presidente de Citricultores de limón de Apatzingán, quien denunció en varias ocasiones la inseguridad para los agricultores del sector en esa zona. Ahora ha tocado el turno a Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, ejecutado al término de un acto público, el Festival de las Velas, en pleno centro de esa ciudad; la segunda más poblada de Michoacán, después de la capital, Morelia.
Manzo Rodríguez no había sido un político cómodo. Desde su gestión como diputado (2021 -2024) portaba chaleco antibalas, por temor al efecto de sus declaraciones llamando a combatir frontalmente al crimen organizado, y desde 2024, por exigir el apoyo del gobierno federal contra grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Pueblos Unidos, Los viagras y Los blancos de Troya. Desde diciembre de 2024, según Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), contaba con protección federal, además de una escolta de policías municipales de confianza del alcalde.
Cabe entonces preguntar qué fue lo que falló en el aparato de protección para Manzo Rodríguez. Cualquier investigación, independientemente de la línea que se siga, debe aclarar eso. Tampoco es momento para lamentaciones oportunistas. El hoy ultimado alcalde llegó al cargo como candidato independiente, después de haber militado en filas partidistas; la renuncia a llevar colores estuvo motivada, y por ello es urgente lograr detenciones y garantizar seguridad a la población civil de Uruapan y de todo Michoacán.
Al momento se sabe que el agresor fue abatido, luego que alcanzara a disparar su arma en siete ocasiones. De nueva cuenta se ha ofrecido que el crimen no quedará impune y se llegará a las últimas consecuencias. Hacemos votos porque así sea, porque de no llegarse a la detención y enjuiciamiento de los autores intelectuales, y el desmantelamiento de la red de generadores de violencia, se favorece el desarrollo de condiciones para que se fortalezcan las voces oportunistas y promotoras de la intervención de gobiernos en la política interna del país, y encuentren oídos dispuestos a seguir el canto de las sirenas, y otras voces que empiecen a repetir que se acepten las ofertas de Estados Unidos para “erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, con tropas de ese país en suelo mexicano. Tras los resultados de un operativo como “Rápido y furioso”, el oído tiene que ser sumamente cauto, pero la acción, efectiva.
Edición: Fernando Sierra
